La bancarrota de la enseñanza

 

Francisco Martínez González *

Hace muy pocos días concluían en Andalucía los procedimientos selectivos para el ingreso en ciertos cuerpos de profesores, entre ellos los de Enseñanza Secundaria y los de Música y Artes Escénicas. En total 9.089 plazas, una formidable oferta pública de empleo que afecta directamente al corazón íntimo de la prosperidad de un país: el de la educación. Como siempre ocurre en las oposiciones, al final hay sonrisas (las de los que consiguen plaza) y lágrimas (el resto), pero esta vez la mayoría de los que se han quedado fuera tenían motivos más que sobrados para el descontento, la frustración y la rabia.
El origen del problema está en un infausto acuerdo sobre mejoras sociolaborales del profesorado urdido entre el MEC y las organizaciones sindicales y firmado el 20 de octubre de 2005. Un acuerdo que en su punto 7 declara un fin para cuya consecución no se han escatimado medios (acaso legales, pero no legítimos): "Se propondrá la incorporación al Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) de una mención expresa al fomento de medidas que reduzcan el porcentaje de profesores interinos en los centros educativos, de manera que en el plazo de cuatro años no se sobrepasen los límites máximos establecidos de forma general para la Función Pública, que actualmente está fijado en el 8%."
Vaya por delante que no se trata aquí de cuestionar a los interinos, un colectivo en sí mismo respetable, sino de poner en evidencia lo torticero de un método orientado sólo a lavar la cara a la Administración. Si, según reza la propia orden de la convocatoria, el procedimiento debe llevarse a cabo "conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad", resulta muy difícil aceptar que en el caso andaluz la experiencia docente haya constituido el 40% de la nota global; que la fase de oposición constara de un única prueba dividida en dos partes que, además, no tenían carácter eliminatorio; que la exposición de una unidad didáctica (una de las pruebas a superar) pudiera ser sustituida, sólo para los interinos con nombramiento otorgado con anterioridad al 15 de octubre de 2007, por un informe emitido por una ´comisión técnica´ designada al efecto por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos (lo cual ha supuesto, de facto, dos puntos directos en el caso de los profesores de Música, tres en los de Secundaria); que los tribunales sólo tuvieran que hacer pública la nota global de la prueba (maquillando así lo chocante del aspirante interino que saca plaza, aun con la fase de oposición clamorosamente suspensa), etc.
Tal cúmulo de insensateces ha abocado a situaciones tan aberrantes como la de que, en el caso de los profesores de Música, lo que menos puntuara fuese la prueba de interpretación (un punto sobre diez), y que, así, el caso del profesor de piano que no toca el piano sea una contradicción perfectamente posible (incluso plausible) para la Consejería y los sindicatos.
Pero al margen de lo injusto del procedimiento, lo que termina de achicharrar los ánimos es que los que no son todavía interinos se quedarán a la cola de aquellos otros que, aun habiendo suspendido todas las pruebas, sólo por el hecho de su experiencia docente, figurarán por delante a la hora de cubrir sustituciones o vacantes. Piénsenlo desde la perspectiva de un joven de veintitantos años que, habiendo obtenido un nueve en la fase de oposición, tiene que ver cómo otro aspirante con un uno o un cero tendrá prioridad a la hora de conseguir trabajo.
Estamos ante un sistema que prima la inmovilidad, aboca a la mediocridad y supone uno de los cánceres más sangrantes de nuestro sistema educativo. En el caso de las enseñanzas artísticas, que son por definición individuales y donde el progreso del alumno se basa en la reproducción directa de aquello que ve hacer a su profesor, la devastación provocada por este modo de actuar es sencillamente incalculable.
Sin embargo, todo parece apuntar a que las próximas oposiciones seguirán la misma línea. Si al final un enésimo Informe PISA viene a sacarnos otra vez los colores, sepan que ése es el precio a pagar por promover estos hábitos peligrosamente clientelares, hábitos que por otra parte casan bien con la desalentadora tonalidad que lleva más de veinte años adquiriendo la vida pública en Andalucía.

* Catedrático de Estética e Historia de la Música del Conservatorio Superior de Málaga

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