"Nos sentimos en el limbo, sin poder terminar nuestras casas"

Representantes de buena parte de los afectados axárquicos por la falta de regulación de las viviendas que adquirieron o construyeron en términos como Alcaucín o La Viñuela, así como técnicos expertos en urbanismo que prestan su asesoramiento en esta parte de la provincia, tuvieron acceso a principios del pasado verano a un borrador del decreto donde, según apuntan, no figura con claridad la «situación definitiva» en la que se quedarán sus inmuebles.

Lograrán cierta estabilidad jurídica al ver cómo se aleja «el fantasma de las demoliciones», pero agregan que no más. «Nos sentimos en el limbo de momento, sin poder terminar nuestras casas», argumenta el británico Philip Smalley, mientras observa el embalse de la Viñuela, prácticamente lleno en estas fechas. Su sueño, como el de tantos y tantos compatriotas, se esfumó nada más pisar la Axarquía. «Vendí en mi país para poder comprarme una casita aquí, junto al pantano. Me parecía un lugar maravilloso. Pero nadie iba a pensar que emplearía más de cinco años en intentar conseguir, como mínimo, una categoría urbanística para mi propiedad».

No obstante, que su finca pase a estar como «asimilada fuera de ordenación» no le convence. «En el borrador del decreto se especifica que con esa figura podré contratar agua o luz. Pero nosotros eso lo tenemos. Lo que esperamos es poder acceder al registro y poder mejorar o vender, si queremos, lo que en su día compramos sin saber que era ilegal», aclara. Smalley finaliza, con un claro gesto de rabia, con una afirmación rotunda: «Esta batalla política que ya dura muchos años la establecieron los ayuntamientos y la Junta. Lo triste es que en medio de ellos estamos nosotros, que somos las víctimas de un proceso que nos parece interminable».

Tomás Tofanari, arquitecto de profesión, también ha vivido en primera línea este conflicto. Tiene su lugar de trabajo en La Viñuela, desde que hace seis años terminó sus estudios, y conoce en profundidad el borrador del futuro decreto. «En principio la aprobación del decreto debería facilitar a los ayuntamientos la herramienta para poder manejar el paquete de edificaciones existentes en el suelo no urbanizable, ya que no existe un criterio aplicable claro en dichas construcciones. Pero en base al borrador que nos mostraron en junio, dicha herramienta es presumible que se quede incompleta», manifiesta.

Incide en que los propietarios no van a poder aspirar a tener licencia de primera ocupación o que no supondrá el decreto ningún derecho ante cualquier procedimiento administrativo o penal ya en marcha. «Es presumible que se consiga un nombre y apellido para este tipo de actuaciones y poco más, ya que cabe destacar que actualmente en gran medida estas edificaciones se están inscribiendo en el registro de la propiedad con todas las de la ley».

Sólo es el «primer paso»

Para Tofarani, incluir las casas en un listado supondrá un reconocimiento para que oficialmente existan, «que es un paso importante, pero solo el primero. Cómo se organizarán sus servicios, cómo será su impacto en el medio ambiente, cuál es su relevancia socioeconómica. Todo eso está en el aire, al margen de que pueda reactivarse el mercado inmobiliario al despejar el decreto el miedo a una demolición masiva», aclara.

En este sentido, Elena Fernández, integrante de Equo y concejala de Medio Ambiente en Alcaucín, subraya que los servicios que desde ahora tengan que prestar ayuntamientos como el suyo a las viviendas ya legalizadas requerirán una infraestructuras que no es lógico que las asuman las arcas municipales «ni mucho menos los propietarios». Alcaucín posee, además, «muchos diseminados y unas 1.600 casas por regular».