Si bien hasta el momento los tenedores de bonos se han negado a aceptar la propuesta, los acreedores de GM tienen hasta hoy para aceptar el canje, impulsado por la empresa y el Departamento del Tesoro estadounidense para evitar la suspensión de pagos de la automovilística.
El 14 de mayo, General Motors (GM) informó a la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) de que si no recibe suficientes ofertas para el canje de la deuda por acciones se declarará en suspensión de pagos.
La empresa ha señalado que necesita al menos que el 90 por ciento de los tenedores de la deuda acepte el canje, a cambio del cual ofrece el 10 por ciento de las acciones de la nueva firma.
Las posibilidades de que GM interese al suficiente número de acreedores antes de que termine el plazo parece remota y los mercados reflejaban hoy ese pesimismo.
A falta de dos horas para el cierre de la Bolsa de Nueva York, las acciones de la empresa se desplomaban un 12,6 por ciento, hasta los 1,61 dólares.
De hecho, el presidente de General Motors, Fritz Henderson, ha afirmado que si es evidente que la empresa no puede llegar a un acuerdo antes del 1 de junio, declarará la suspensión de pagos antes de ese plazo.
GM está a la espera de que se resuelva la situación de su filial alemana, Opel, lo que podría producirse en las próximas horas.
El Gobierno alemán ha indicado que podría decidir antes del fin de semana quién se hace con Opel (Fiat o el consorcio liderado por la empresa canadiense Magna).
Una vez resuelto el futuro de Opel y con la certidumbre de que los acreedores no aceptarán la oferta, Henderson podría declarar la quiebra de GM en cualquier momento.
El pesimismo sobre el futuro de GM aumentó en las últimas horas ante las claras muestras de que poderosos círculos políticos de Washington son cada vez más contrarios a los planes del Gobierno del presidente Barack Obama para la reestructuración del sector automovilístico.
La semana pasada, unos 40 miembros de la Cámara de Representantes (en su mayoría republicanos pero también demócratas) exigieron que el Congreso ejerza un mayor control sobre la reestructuración del sector, y criticaron el papel que desempeña el Grupo Presidencial del Automóvil (GPA).
GPA fue creado por la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro para supervisar la reestructuración del sector pero en la realidad sus integrantes están tomando decisiones, como forzar la dimisión del anterior presidente de GM, Rick Wagoner, que los congresistas consideran excesivas.
Según los 40 congresistas, GPA debería volver a su "papel de consejero" y el Congreso es quien tiene "prerrogativas legislativas constitucionales".
Además, cuatro congresistas republicanos acusaron al secretario del Tesoro, Timothy Geithner, de favorecer los intereses del sindicato United Auto Workers (UAW) frente a los derechos de los acreedores de General Motors.
Los congresistas han recriminado a Geithner que libre "lo que algunos creen es una guerra contra el capital", y acusaron al Gobierno de "pisotear" los derechos de los inversores.
En este ambiente político, los acreedores de GM (entre los que se encuentran firmas como Fidelity Investments y Franklin Templeton Investments pero también alrededor de 100.000 inversores particulares que tienen bonos de GM) pueden verse animados a plantar cara a Washington y a la dirección de GM en los tribunales.
