El Gobierno destinará 2.190 millones a aliviar los efectos de la sequía

Si el alza de precios de los fertilizantes y la escalada del coste de energía ya habían causado estragos en el sector primario de España, la sequía que se ha producido esta primavera le ha dado la puntilla a la agricultura y la ganadería. Las cosechas de trigos y cebadas de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Madrid, Cataluña y Castilla y León se dan ya prácticamente por perdidas. Ante esta dramática situación, el Gobierno ha decidido poner sobre la mesa un plan en forma de Real-Decreto dotado de 2.190 millones para aliviar la situación del campo, de los que hasta 636 millones se canalizarán en ayudas directas para agricultores, ganaderos y apicultores, según se han anunciado este jueves en la rueda de prensa posterior a la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario.

El periodo de sequía que atraviesa España no es transitorio, puesto que las previsiones indican que las lluvias no llegarán hasta el mes de septiembre. Por ello, el Ministerio de Agricultura destinará 784 millones al sector primario, de los 636 llegarán a agricultores, ganaderos y apicultores en forma de ayudas directas. Luis Planas, ministro de Agricultura, también señalado que se destinarán 53 millones a la devolución de una parte del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las explotaciones agrícolas. El Real-Decreto también contempla 40,5 millones para contratar seguros agrarios y aplazar las cuotas sociales durante cinco meses para más de 730.000 trabajadores. Agroseguro, la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, calculó el miércoles que las indemnizaciones por los daños que ha causado la actual sequía ya suponen 300 millones de euros. Se trata, según el organismo, del "mayor siniestro en la historia del seguro agrario".

El Ejecutivo también permitirá reducir las peonadas para poder cobrar el subsidio por desempleo agrario, solo serán necesarias diez peonadas. Las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) estarán exentas de la retención de IRPF.

El Ministerio de Transición Ecológica aportará hasta 1.400 millones para aumentar la disponibilidad de agua. Entre las iniciativas recogidas en la norma se incluye la construcción de una desalinizadora en Tordera (Maresme) que costará 220 millones. También se declaran de interés general otras actuaciones en la costa mediterránea, con desalinizadoras en Málaga y Almería por un valor de 200 millones de euros, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones. Al mismo tiempo, el Gobierno ha autorizado a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar nuevas plantas de este tipo, que estarán alimentadas por parques solares fotovoltaicos, una iniciativa que cuenta con una dotación económica de 600 millones. 

La reserva hídrica española está ahora mismo al 48,9% de su capacidad total, uno de los niveles más bajos desde 1995, pero la situación puede ser mucho peor después del verano. De momento, el Gobierno garantiza el abastecimiento hasta septiembre y confía en los modelos predictivos que anticipan que lloverá en agosto. 

Las ayudas que plantea el Ejecutivo en este caso no tendrán la misma distribución territorial. Cataluña, junto a Andalucía, es la autonomía más castigada por la escasez de agua durante los últimos tiempos, después del abril más seco en toda España desde 1961 (año en el que comenzaron los registros): solo llovió el 22% de los valores normales en ese mes. Ante una situación tan dramática, que puede hacer que muchos agricultores decidan no cultivar, algo que elevaría aún más los precios de los alimentos, el Gobierno, a solo un día del inicio de la campaña de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo y entre acusaciones de “electoralismo” por parte del PP, ha decidido mover ficha.

El real decreto, que en el plano laboral prohíbe los trabajos al aire libre cuando se declare alerta naranja o roja por calor extremo, también impulsa la reutilización de las aguas urbanas, con el objetivo de que en 2027 llegue a representar el 20% de los recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones. Es decir, el doble del porcentaje actual.

Acuíferos y trasvases

Además, Ribera ha explicado otras actuaciones diseñadas por su departamento que incluyen la reducción de los cánones y las tarifas de las explotaciones agrarias afectadas, así como un precio fijo para el agua desalada para que los agricultores puedan utilizarla a un precio asequible.

Entre las medidas aprobadas, ha destacado el trasvase de tres hectómetros cúbicos del Tinto y el Odiel para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana, en particular en el entorno de Matalascañas.

Para la ministra, este paquete de medidas llega para actualizar las "reflexiones" que han motivado el trabajo del Gobierno en estos cinco años para una España acostumbrada a periodos de sequía pero que está sufriéndolas con una incidencia "mucho mayor" y con efectos que hay que afrontar con toda la capacidad técnica que España ha ido desarrollando en estos años desde la declaración de emergencia climática.

Pacto nacional

La vicepresidenta ha mencionado a "algunos" que piden un "pacto nacional del agua" a quienes recuerda que "ese pacto existe" y se llaman planes hidrológicos del agua, en los que se ha trabajado durante los últimos cuatro años y que orientarán las decisiones en materia de agua para estar preparados para esos escenarios.

En concreto, se ha referido a la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pide un pacto nacional del agua y que ha propuesto destinar 50.000 millones de euros a la gestión de este recurso hídrico. Sobre esta propuesta, Ribera asegura no sabe de dónde se saca la cifra ni qué cambiaría o qué echa de menos en la gestión hídrica. "Esta es una respuesta responsable por nuestra parte respaldar el trabajo de cuatro años y rechazamos que alguien solicite que eso se derogue o les explicamos que sea es la legalidad vigente en este momento", ha defendido.

Gestión del agua

En todo caso, para Ribera no basta con ofertar más agua sino que es preciso gestionar bien la demanda, mejorar los aspectos de calidad y disponibilidad para lo que el Ministerio ha completado el marco regulatorio para poder garantizar la calidad del agua reutilizada que en este momento llega a un uso del 10% y que espera pasar hasta el 20%; de los 400 hectómetros a cerca de 1.000 hectómetros en 2027.

Asimismo, de los 1.400 millones de euros de inversiones, se destinarán 35,5 millones a actuaciones inmediatas para garantizar el abastecimiento este año. "Este Gobierno quiere acompañar al sector primario y en particular acompañar a los regantes", ha señalado Ribera que ha mostrado su voluntad de que "más allá de la lectura de las competencias" del Estado y de las comunidades autónomas poder acompañar a quien les ha pedido apoyo.

Entre las medidas citadas para ayudar a los regantes, este 2023 se les aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esta exención será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%. Los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50% de dichas cuotas.