Las promotoras deberán financiar obras de movilidad en las nuevas promociones

Durante la época dorada del ladrillo en la Costa del Sol era habitual que un promotor hiciese una macrourbanización pero los viales de servicio y la urbanización de la zona quedaran sin construir o, directamente, debía hacerlo el Consistorio. La nueva Ley de Movilidad Sostenible, que prepara el Gobierno andaluz para mediados de 2015, prevé que el empresario cuyo proyecto urbanístico implique un incremento significativo del transporte pague esas obras.

Es decir, que si un empresario levanta una macrourbanización en una zona alejada del centro urbano, la carretera que lleva al sitio podría tener que sufragarla el promotor. Al menos en parte.

Así, el anteproyecto de ley, que llegará al Parlamento andaluz en 2015, establece que los planes e instrumentos urbanísticos que supongan un incremento significativo de la movilidad deben ir acompañados de un estudio específico sobre el tema.

En ese documento se evaluarán los desplazamientos potenciales generados, se determinará la capacidad de absorción de las infraestructuras existentes y se plantearán posibles medidas correctoras. Luego, la pelota pasará al tejado de la Consejería de Fomento y Vivienda, que tendrá tres meses para emitir un informe vinculante. Pero la verdadera novedad del texto normativo, una apuesta inspirada por IU, es que se establece que los promotores habrán de contribuir a las nuevas infraestructuras generadas para absorber esa movilidad. Por lo menos, una parte de los mismos, lo que aún está por poner en negro sobre blanco. El objetivo fundamental del texto es que los andaluces usen más el transporte público y los medios no motorizados tales como la bicicleta.

Los estudios informativos de las obras de carreteras o vías ciclistas se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros-viabilidad económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a aspectos como la contaminación atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión del tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche.

Asimismo, los ayuntamientos tendrán que aprobar sus respectivos planes urbanos, obligatorios para todos los municipios en los que vivan más de 20.000 habitantes y también para los que determinen los planes territoriales por sus problemas de movilidad.