Casi 13.500 familias se han quedado sin casa durante la crisis económica por no poder hacer frente a las mensualidades de la hipoteca ni al alquiler en la provincia, según el cálculo efectuado por La Opinión de Málaga con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2008 y 2014. En esa suma se contemplan tanto los desahucios por el impago de un arrendamiento como los lanzamientos hipotecarios.
El Poder Judicial hizo público ayer los datos relativos a desalojos: en 2013 se produjeron en la provincia 3.074 lanzamientos, consecuencia del impago tanto del alquiler como de la hipoteca, frente a los 3.485 de 2014, lo que supone un crecimiento del 13,4%. En 2014, se produjeron 1.833 lanzamientos hipotecarios, lo que supone un 24% más que los 1.478 de 2013; asimismo, tuvieron lugar un 3% menos de desahucios por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos, desde los 1.460 de 2013 a los 1.416 de 2014. En la capital, los datos son diametralmente opuestos: de los 2.293 desalojos de 2013 se pasó a los 2.000 de 2014, una caída del 12,8%. En todo el país, las ejecuciones hipotecarias han disminuido un 2,3%, hasta llegar a las 80.749.
Opiniones
La sangría sigue aumentando sin detenerse y, pese a la leve mejora de la economía y la moderada eficacia de la Ley Hipotecaria del Gobierno, que mejoró en algo la anterior aunque sólo afectaba a un pequeño porcentaje de la población, los expertos consideran que toda esa batería de medidas legislativas sólo ha servido para ayudar a una pequeña parte de la población, la que está en riesgo de exclusión social. La gran clase media ha quedado apeada de esos asideros normativos.
Sin embargo, las más efectivas han sido las provenientes del ámbito judicial, tomadas después de que dos jueces españoles consultaran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), consultas que propiciaron que se pudiera alegar la falta de transparencia de algunas cláusulas suelo y el hecho de que no sólo los bancos pudieran recurrir las decisiones judiciales sobre los desalojos, sino que también se haya dado voz a los afectados. A ello se suma el pánico de las entidades a engordar sus balances con créditos impagados o a quedarse con casas vacías. Éstas han evitado que los números escalen a cimas más altas.
El abogado Francisco Faura explica que los juzgados están atascados con los temas de desalojos y que los despachos de abogados que representan los intereses de los bancos tienen una media de 200 expedientes encima de la mesa. Eso ha podido influir, explica, en la caída experimentada en la capital en cuanto al número de desalojos, aunque a nivel provincial los datos hablan de un alza que sólo puede calificarse de sostenida.
«Han sido dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea las que han permitido frenar algo las ejecuciones hipotecarias: la primera, la que reconoció como un motivo de oposición para los deudores el derecho a alegar cláusulas suelo abusivas, que derivó en un cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y, en la doble instancia, el hecho de que ya no pueda recurrir sólo el banco», señala.
El letrado Francisco Soler, que representa a una entidad financiera, afirma que «los bancos tratan de evitar por todos los medios los desahucios, porque si no has de provisionar como pérdida un 25% del crédito impagado y eso es menor liquidez». «Yo tengo orden de llegar a acuerdos de daciones en pago o de otro tipo, a ello se suma que la economía ha mejorado algo y las medidas antidesahucios», precisa.
En 2012 se produjo una gran oleada de suicidios de personas que no podían hacer frente a sus obligaciones de pago, y fue en aquella época cuando el Gobierno y los bancos pactaron un código de buenas prácticas al que no se acogió nadie y que daba soluciones a muy pocos, y luego se reformó la Ley Hipotecaria, también con un efecto limitadísimo pues pocas eran las familias especialmente vulnerables. Luego, se decretó una moratoria de dos años en los desalojos -no para todos, sino también para una ínfima parte-, que, por cierto, fue ampliada otro bienio el pasado jueves. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó asimismo el anterior texto antidesahucios debido a que los jueces no podían adoptar medidas cautelares como suspender la ejecución de una hipoteca si consideraban abusivas las cláusulas del contrato.
Isabel Jiménez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, no se cree la bajada de desalojos de la capital, e incide en que siguen subiendo. «Ven cualquier día a las asambleas que tenemos los sábados y verás tú mismo los casos», explica, para agregar: «Hay muchos».
Así, asegura que en la campaña electoral pretenden firmar un contrato ciudadano con los partidos para que incluyan en sus programas sus reivindicaciones eternas: dación en pago, alquileres sociales y paralización de todos los desahucios. «Eso sigue ahí, no se ha olvidado. Siguen aumentado, no es que se hayan parado, sino que en algunas ocasiones incluso los bancos les dan una vivienda en otros barrios durante uno o dos años con un alquiler más bajo», precisa.
En su opinión, los bancos deberían tener bolsas de viviendas sociales, lo que prácticamente no existe, y tanto para acogerse a la moratoria, prorrogada esta semana, como para hacerlo a las condiciones beneficiosas de la Ley Hipotecaria, las condiciones son draconianas, de forma que sólo las personas o familias más desfavorecidas pueden acceder a sus beneficios. «Muy pocas familias se pueden acoger, porque la mayor parte de ellas tienen avalista». Por ello, Jiménez pide a todo el mundo que se informe antes de que el procedimiento hipotecario avance. «Cuando la gente recibe un tocho del juzgado, el procedimiento hipotecario, le quedan la subasta y el lanzamiento, y así nos llegan. Nosotros asesoramos todo lo posible», indica.
De hecho, asegura que muchos de los afectados tienen una «total desinformación. Se van de la casa sin decir nada, siguen confiando en el banco. Cuando llegan ya le han subastado la casa, por eso no nos creemos esa bajada, ojalá», apunta. Isabel Jiménez insiste en que es necesario que se produzca un cambio en la ley, de forma que sus condiciones beneficien a más gente. «La moratoria sólo ha ayudado a los más vulnerables».
PSOE | Plantea un sistema de asesoramiento legal
El PSOE propone regular y desarrollar un Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral para la asistencia de personas en riesgo de pérdida de su casa habitual en supuestos de desahucio. Es una de sus propuestas, y su premisa es «que no se produzca ni un desahucio más de una vivienda habitual». Asimismo, sacan pecho de la reforma de la legislación para que la persona pudiera seguir en su casa mientras renegociaba el débito, y de la Ley de Función Social de la Vivienda, paralizada por el PP con un recurso al Constitucional.
PP | Más ayuda al alquiler para los desahuciados
El PP propone en su programa duplicar la dotación presupuestaria de las ayudas autonómicas al alquiler para personas incursas en un procedimiento de desahucio o ejecución, «que hayan perdido su vivienda habitual con el objetivo de que lleguen a un número mayor de personas de las previstas». Asimismo, propone llegar a acuerdos de fraccionamiento de pago con los jóvenes adquirentes de viviendas afectados por la crisis económica, y a los que la Junta les reclama la devolución de las bonificaciones.
Podemos | Pide un paro total de los desahucios
La formación que lidera Teresa Rodríguez en Andalucía aboga en su programa por disminuir la carga hipotecaria de las familias. Así, a través de una institución que favorezca la conciliación los hipotecados, los acreedores y las administraciones establecerán las condiciones de la quita o la reestructuración de la deuda. Aboga además por hacer una ley que garantice el acceso a la vivienda y una paralización temporal de los desahucios en la comunidad. Los podemistas están en contra de la dación en pago.
Ciudadanos | Propone una dación en pago limitada
Ciudadanos, un partido que aspira a entrar en el Parlamento andaluz y que a nivel nacional tendría, según las encuestas, hasta posibilidades de formar Gobierno, ha propuesto una dación en pago limitada. Ésta, en el caso de préstamos hipotecarios, significaría que la entidad financiera con la que el consumidor mantiene la deuda tendría que aceptar en pago la vivienda objeto de controversia a un precio idéntico al 100% de su precio de mercado. Ello permitirá que tal vez pueda cubrirse una parte de la deuda. El resto podría renegociarse.
IU | La que más medidas promete implementar
IU plantea toda una batería de medidas: evitar que nadie sea expulsado de su casa habitual; defender a las familias acosadas por el poder financiero; un parque público de viviendas en alquiler con rentas acordes con los ingresos; puesta en uso de las casas vacías, una banca pública, social y ética al servicio del derecho de la vivienda. Asesoramiento y protección de las personas acosadas por los poderes inmobiliarios, evitar la especulación inmobiliario, programas para fomentar el alquiler y construcción cooperativa, entre otras muchas.
UPyD | Sólo repasa su actuación en la materia
El texto que UPyD incluye en su programa autonómico es mínimo en relación a esta materia. En un teletipo de agencia, sí se pudo encontrar que Rosa Díez, la líder nacional, considera «imprescindible la dación en pago». De hecho, la información hablaba de las críticas de UPyD al hecho de que el PP se negara a alcanzar un acuerdo sobre esta problemática en un debate sobre el estado de la nación al no admitir una enmienda del grupo mayoritario que suprimía de su propuesta de resolución la regulación de la dación en pago.
