29 de noviembre de 2017
29.11.2017
Tribunales

Imponen una fianza de 50.000 euros al Málaga CF por los supuestos abusos de un exentrenador

La togada considera al equipo blanquiazul responsable civil subsidiario - La instructora le imputa 31 delitos, tres de ellos de abusos, veinte de exhibicionismo y provocación sexual en diferente grado y ocho de corrupción de menores

29.11.2017 | 05:00
Imagen de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

El investigado reconoció el intercambio de fotos

  • La juez explica en el auto que el investigado no ha negado haber mantenido conversaciones de índole sexual con los menores, habiendo reconocido «algunas de las que tuvieron lugar. También reconoció el intercambio de algunas fotografías de contenido sexual y la remisión de archivos de contenido pornográfico». Sobre el caso del menor más perjudicado, consta un informe forense que da credibilidad a su testimonio.

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, Elena Sancho, ha fijado una fianza de 50.000 euros al Málaga Club de Fútbol como supuesto responsable civil subsidiario de los presuntos abusos y delitos de exhibicionismo o corrupción cometidos por J. C. C. F., miembro del cuerpo técnico de las categorías inferiores del club blanquiazul hasta hace unos años, sobre al menos trece jugadores menores de edad de la entidad hasta hace unos años. Hay otros ocho niños, hoy en día ya algunos mayores de edad, que fueron víctimas de este hombre cuando fue preparador en el C.F. Alhaurín.

La instructora dictó el auto de procesamiento contra este hombre el 24 de octubre de 2017. J. C. C. F. fue detenido en noviembre de 2016. Entonces tenía 44 años y su arresto causó gran consternación en la cantera malagueña al ser muy conocido. Estuvo vinculado al Málaga hasta 2014, donde entrenó a varios equipos de fútbol base, aunque los abusos se circunscriben a su etapa como entrenador de un conjunto alevín, tenía carné nacional y pasó por equipos tales como el Antequera Club de Fútbol, que llegó a dirigir en Tercera División (temporada 2015/2016) o el Club Deportivo Rincón, donde logró un ascenso a Primera Andaluza. Los delitos investigados, de cualquier forma, se dieron hace varias temporadas pero los niños, y sus padres, denunciaron el año pasado.

En total son 13 los niños que pertenecieron a la disciplina del Málaga Club de Fútbol y otros ocho al Club de Fútbol Alhaurín, con lo que en total el número de presuntas víctimas es de 23.

La juez procesa al preparador por 31 delitos: uno de abuso sexual del artículo 183 del Código Penal; otro continuado de exhibicionismo del 186; dos delitos de abuso del 183.3; dieciséis delitos de exhibicionismo y provocación del 186; tres delitos de exhibicionismo del 185 y ocho delitos de corrupción de menores. La juez le reclama una fianza de 74.666 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias. En cuanto al Málaga, la juez ordena que se le requiera como «responsable civil subsidiario» el pago de 50.000 euros con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias bajo apercibimiento del embargo de bienes si no se presta.

El caso más grave
De todos los delitos, los más graves se cometen sobre un niño de 12 años en la fecha de los hechos cuando el acusado era segundo entrenador de uno de los equipos de fútbol base del Málaga. En un torneo fuera de la ciudad le mostró vídeos pornográficos y llegó a abusar de él supuestamente en varias ocasiones.

El resto de delitos se centran básicamente en enviar vídeos o imágenes sexuales a los niños, mantener conversaciones de alta índole sexual con ellos «prevaliéndose de su condición de entrenador» o pedir o enviar fotografías de los perjudicados y de sus genitales. En algunos casos, ofrecía a estos ser capitán del equipo u otro tipo de beneficios deportivos como jugar en equipos de mayor categoría. Los afectados tenían, en la fecha de los hechos, entre 11 y 16 años de edad, aunque con algunos esas conversaciones se alargan durante varias temporadas. A algunos de ellos, además, les pagó pequeñas cantidades (10 o 30 euros) a cambio de las imágenes.

La juez destaca que los hechos se derivan de las diligencias de investigación llevadas a cabo «consistentes en las declaraciones de los perjudicados», primero a la policía y luego en sede judicial; hay otras declaraciones de víctimas ya mayores de edad, así como también se desprenden indicios del estudio efectuado por los investigadores del material informático intervenido al investigado y conversaciones que constan en el atestado.

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