Todo el mundo se acuerda de la Kelvinator que sigue funcionando en la casa de los abuelos, pero nadie pregunta cuánto les costó ni cuánta luz consume. Esta reflexión es un agregado de todas las justificaciones que presentan los fabricantes y distribuidores de tecnología cuando se les pregunta por la obsolescencia programada, un término técnico y oscuro que habría acuñado su industria en una especie de conspiración para mantener a los consumidores adictos a sus productos de por vida.
Una aproximación al mercado de la tecnología doméstica, profesional y de pequeño formato revela que no es sencillo detectar dispositivos diseñados para que fallen en un determinado momento de la vida del producto, pero si que es habitual fabricarlos con materiales de baja calidad y con un rendimiento que no rebase en mucho los años de garantía.
A cambio, los consumidores pueden obtener sus productos a bajos precios y objetos siempre a la moda.
Cártel, conspiración, actualidad
La historia del origen del término «obsolescencia programada» es conocida: en 1924 el cártel Phoebus de fabricantes de bombillas pacta el máximo de horas de luz que van a ofrecer sus productos. Con este acuerdo lograrán planificar con detalle las ventas futuras y eliminar del mercado productos de calidad superior que puedan hacer dudar a los compradores.
Muchos años después y gracias a Internet, el mundo descubre no sólo pruebas de aquel pacto, sino también una bombilla que alumbra sin interrupción desde finales del siglo XIX en la estación de bomberos de Livermore, EE UU.
Con ambos datos en la mano, Internet concluyó que nos engañaron y que seguro que nos siguen engañando.
La sospecha se extendió y en 2008, en pleno auge de la las tecnológicas, Apple se vio obligada a mejorar miles de baterías de un reproductor de música después de que un juzgado estadounidense diese la razón a unos consumidores que consideraban que la duración era demasiado baja. De forma paralela a estos hechos, los consumidores comenzaron a experimentar y comprobar cómo, por uno u otro motivo, debían cambiar sus productos electrónicos cada dos años, como los teléfonos móviles, o cada cinco, como las neveras o cada tres en el caso del televisor. Ante esto, la mejor explicación era la tesos de la obsolescencia programada, tan satisfactoria como viral. Los documentales y la sobreinformación acerca del tema alimentaron la indignación de la ciudadanía y surgieron grupos que acusaban a toda la industria de seguir funcionando como el cartel de las bombillas.
Pero si bien es poco factible que exista un complot universal para engañar a los consumidores, también hay consenso general en que ya no quedan productos de gran consumo que hayan sido diseñados para acompañarnos de por vida. La vida útil de los electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos -los más señalados, por su condición de «programable»- es cada vez menor, y la tendencia se reproduce en otros sectores como el textil o el automóvil. «La obsolescencia programada existe, pero es muy complicado comprobar que los productos están fabricados con la intención de que su vida útil sea más corta», expresa Rubén Sánchez, portavoz de Facua Andalucía. En este sentido, la obsolescencia programada es un «hecho» para la mayoría de personas. Aunque su existencia es difícil de comprobar debido a la sutilidad de su puesta en marcha, el sentimiento generalizado afirma su existencia.
Por su parte, para los expertos de El Corte Inglés, entrevistados por su gabinete de prensa, la durabilidad de los aparatos ha bajado en parte porque los materiales de fabricación son más ligeros y más respetuosos con el medio ambiente. «Son más débiles, lo que lleva al usuario a sustituir antes» el aparato.
Partidarios del «si»
Benito Muro, presidente de la Fundación de Energía e Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada, afirma que existe y señala que «el 4 de julio de este 2017 la Comisión Europea inició una iniciativa de ley contra la obsolescencia programada». Hoy día esto ya no se puede negar, si la Comisión Europea legisla sobre ello, si que se puede acreditar que existe de verdad».
Su nombre está asociado al término «obsolescencia programada» tanto como al adjetivo «polémico». Hoy ya ha renunciado a comercializar su bombilla Iwop, (siglas de Yo, Sin Obsolescencia Programada), por la que se le llegó a tachar de charlatán, y dirige discretamente esta fundación entre cuyas actividades está emitir un sello de calidad para productos libres de estos mecanismos de autodestrucción. Muro, además, señala algunos aspectos que considera completamente «reales» de la realización de dicha obsolescencia. «Cuando fabrican en la fase de diseño de un producto incorporan componentes electrónicos infradimensionados que en pruebas de laboratorio saben exactamente las horas que van a durar. Si multiplicas la garantía. Simplemente incorporando componentes electrónicos y en pruebas de laboratorio te dan esas horas de uso», indica.
Desde Facua, Sánchez señala que existen dos tipos de obsolescencia programada, y a diferencia de lo que «se pueda imaginar», una no es ilegal. En primer lugar destacaría la obsolescencia programada que consistiría en producir productos con materiales de baja calidad «para que el consumidor deba cambiarlo pronto», apunta Sánchez que además señala que «estos productos de baja calidad» tendrían un precio menor, por lo que el consumidor «se vería más atraído por ellos». Ésta sería una obsolescencia programada que no consistiría en introducir una traba al producto al cabo del tiempo, sino que «las piezas con las que está fabricado un producto tienen fecha de caducidad», destaca el portavoz a la vez que añade que «ésta, no sería una práctica fraudulenta». Sin embargo, existe otra que si lo sería. «Instalar un software en ordenadores o móviles para que los aparatos dejen de funcionar si que supondría un acto fraudulento, y ocurre a menudo».
El responsable del departamento de calidad de Zumex, con importante facturación y posicionamiento en innovación para hostelería, cree tanto en la obsolescencia que ha visto necesario desvincularse de ella. «Nosotros hacemos máquinas robustas. Son caras, pero duran: los camareros hablan de ellas en los bares como «la que nos va a jubilar a todos». Es nuestra prioridad, pero no puedo decir lo mismo de otros fabricantes, por eso hemos apostado por tener este sello de calidad», expresa Emilio Sancho.
La ley de garantía española
Dos años es el periodo mínimo por el que según la normativa española debe asegurarse el buen funcionamiento de un aparato eléctrico o electrónico. Así, este umbral se ha convertido en la línea de frente de la guerra por la opinión pública que libran críticos de la industria y fabricantes. «Son dos años, pero si te lees la letra pequeña de la ley de garantías, el fabricante puede poner la excepciones que quiera en cuanto a la incorporación de componentes que afectan al funcionamiento de cualquier aparato y que no tienen garantía durante esos dos años», asegura Muro.
Por otro lado, en España existe una legislación vigente con respecto a la obsolescencia programada. Asimismo, según señala el portavoz de Facua, ésta junto «al código penal, ponen de manifiesto que introducir una tara o un defecto en un producto es un fraude», al igual que lo sería, «no aclarar en la publicidad que por instalar un determinado software en móviles se puede ralentizar el teléfono». Sin embargo, desde la Federación explican que el problema no reside en las políticas existentes. «El problema no es que falte una ley. Lo que falta en España son autoridades de protección al consumidor que tengan capacidad y voluntad para investigar este tipo de fraudes».
En este sentido, el portavoz de la federación explica que «es necesario este control» ya que «el consumidor no puede saber de ninguna forma si el producto que ha comprado tiene o no obsolescencia programada». En cuanto a la garantía legal, Sánchez expresa que «debería permitirse al consumidor denunciar si el producto sufre obsolescencia programada a pesar de que hayan pasado los dos años legales de garantía, ya que esa obsolescencia, puede estar programada justo cuando finalicen esos dos años».
Casos actuales
La pasada semana, la justicia francesa abrió una investigación preliminar al gigante Apple por una supuesta «obsolescencia programada» de ciertos modelos de iPhone.
A la marca estadounidense se la acusa de ralentizar voluntariamente algunos de sus teléfonos. Esta investigación comenzó tras la denuncia de la asociación francesa Halte à l’obsolescence programmée (Alto la obsolescencia programada), presentada el pasado 27 de diciembre, en la que se acusaba a la marca de disminuir expresamente el rendimiento y la duración de sus smartphones mediante el sistema que tiene la empresa de actualizaciones.
Por su parte, el grupo estadounidense, que cada año saca a la venta un nuevo modelo de iPhone, reveló el 21 de diciembre que ralentizaba voluntariamente el rendimiento de los teléfonos para «prolongar su duración». Esta decisión, se tomó, según la compañía, debido al uso de baterías de litio de litio, a las que cada vez les cuesta mas responder a las demandas del usuario a medida que van siendo utilizadas. Así, la marca confirmó por primera vez os rumores sobre la probable ralentización voluntaria de los móviles. Por lo que la existencia de esta práctica se ha convertido en algo, directamente, real.
Así se reparte el debate entre la obsolescencia real o no. Por un lado, hay quienes opinan que la vida útil de los productos es menor en la actualidad ya que se utilizan materiales de menos calidad para conseguir un producto más barato, que atraiga al consumidor, pero que haga que el producto final dure menos. Por otro lado, hay quienes piensan que la obsolescencia programada es un hecho realizado «a conciencia» para que el consumo de productos eléctricos y electrónicos por parte del público sea masivo y por ello, es necesario un control para la protección del consumidor.
