El edil de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río, confirmó este lunes a este periódico que el Consistorio está analizando imponer el cobro de una tasa anual a las empresas de patinetes eléctricos que operan en la ciudad, ocho por el momento, un camino que, por cierto, ya han recorrido otras ciudades.

«Toda ocupación de la vía pública no debe ser gratuita», dijo, para añadir que si una empresa de patinetes ocupa un determinado número de metros cuadrados en la vía pública está claro que ha de pagar por el uso. No tendrá nada que decir el Consistorio, sin embargo, en acuerdos entre privados y empresas, salvo si el empresario tiene una terraza y el convenio es para dejar allí los patinetes, lo que se cobrará. Ahora mismo, estudian esta iniciativa Vía Pública y el Área de Sostenibilidad, además de que tendrá que opinar Gestrisam, precisamente, para calcular la tasa. «Nosotros ahora estamos en la dinámica de sacar los patinetes de la acera», dijo Del Río, para que estos vayan por los carriles bici, aunque eso se articulará en la inminente ordenanza.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha impuesto desde enero de 2018 hasta estos días de septiembre un total de 787 procedimientos sancionadores a usuarios de patinetes eléctricos, la mayor parte de ellas aún en periodo de alegaciones, según explicó ayer el edil de Recursos Humanos, Jacobo Florido, en la Comisión de Economía y Hacienda. La información estuvo motivada por la petición hecha por el edil de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia, quien solicitó al equipo de gobierno saber cuántos patinetes hay en la ciudad, la suma que ingresa el Consistorio por esta actividad, las sanciones impuestas y el avance de los términos concretos de la futura regulación al respecto. En relación a ello, Sguiglia indicó que, según sus cálculos, las ocho empresas que operan en Málaga ingresan entre 8.000 y 10.000 euros diarios con su actividad, es decir, entre 2,8 y 3,6 millones de euros al año. «No pagan ni cuando los patinetes son retirados por la grúa», agregó, para criticar después, adelantando la respuesta del equipo de gobierno, que estas explicaciones siempre se remitan a que habrá de ser regulado el fenómeno en el seno de la Dirección General de Tráfico, aun cuando ciudades como Valencia o Sevilla ya han tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, en la capital valenciana, dijo, una tasa grava el uso del espacio público con entre 60 y 70 euros, de forma que su Ayuntamiento ingresa entre 180.000 y 210.000 euros anuales. En Sevilla, por otro lado, las empresas pagan un canon anual de 30.000 euros.

Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de gobierno, explicó que la pregunta debería haberse hecho en la Comisión de Movilidad, y recordó que este asunto, que afecta a muchas ciudades del país, se regula en las diferentes áreas de Movilidad. En Málaga, de hecho, se está trabajando de «forma transversal» para regular el tema. En concreto, su área, Vía Pública, está tomando cartas en el asunto de la explotación económica y todo ello se debatirá en la elaboración de las ordenanzas fiscales.