El Ayuntamiento de Málaga ha impuesto desde enero de 2018 hasta hoy un total de 787 procedimientos sancionadores a usuarios de patinetes eléctricos, la mayor parte de ellas aún en periodo de alegaciones, según ha explicado el edil de Recursos Humanos, Jacobo Florido, en la Comisión de Economía y Hacienda.

La respuesta ha estado motivada por la petición de información hecha por el edil de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia, quien ha solicitado al equipo de gobierno saber cuántos patinetes hay en la ciudad, la suma que ingresa el Consistorio por esta actividad, las sanciones impuestas y el avance de los términos concretos de la futura regulación al respecto. En relación a ello, Sguiglia ha indicado que, según sus cálculos, las ocho empresas que operan en Málaga ingresan entre 8.000 y 10.000 euros diarios con su actividad, es decir, entre 2,8 y 3,6 millones de euros al año. "No pagan ni cuando los patinetes son retirados por la grúa", ha indicado, para criticar después, adelantando la respuesta del equipo de gobierno, que estas explicaciones siempre se remitan a que habrá de ser regulado el fenómeno en el seno de la Dirección General de Tráfico, aun cuando ciudades como Valencia o Sevilla ya han tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, en la capital valenciana, ha dicho, una tasa grava el uso del espacio público con entre 60 y 70 euros, de forma que su Ayuntamiento ingresa entre 180.000 y 210.000 euros anuales. En Sevilla, por otro lado, las empresas deben hacer frente a un canon anual de 30.000 euros.

Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de gobierno, ha explicado que la pregunta debería haberse hecho en la Comisión de Movilidad, y ha recordado que este asunto, que afecta a muchas ciudades del país, se regula en las diferentes áreas de Movilidad. En Málaga, de hecho, se está trabajando de "forma transversal" para regular el tema. En concreto, su área, Comercio y Vía Pública, está tomando cartas en el asunto de la explotación económica y todo ello se debatirá en la elaboración de las ordenanzas fiscales.

Sguiglia ha insistido en el turno de réplica en el hecho de que estas empresas deben operar en la ciudad a través del pago de un canon anual y sería necesario hacer un concurso público, así como también ha pedido al equipo de gobierno que se interese por las condiciones en las que están los trabajadores de estas empresas en la ciudad, aconsejando que se establezcan cláusulas sociales en los pliegos, y ha pedido información sobre las multas impuestas, lo que ha respondido Jacobo Florido, para insistir en que esa petición de información debería haberse efectuado en el seno de la Comisión de Movilidad.