03 de noviembre de 2020
03.11.2020
La Opinión de Málaga
Desalojos

Casi 21.300 familias han sido desahuciadas en la provincia en los últimos siete años y medio

Son los datos ofrecidos por el Poder Judicial en relación a los desahucios practicados en Málaga entre 2013 y junio de 2020 por impago de la hipoteca o el alquiler

03.11.2020 | 05:00
Imagen de un desahucio celebrado en la capital en 2013, en la peor época de la anterior crisis.

Más de la mitad de esa cifra son desalojos por no abonar el arrendamiento 330 juicios verbales en dos años y medio por ocupación de casas.

La crisis que sucedió a la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, y que en España se complicó por la enorme burbuja inmobiliaria que soportó el país y la contracción crediticia, entre otros muchos factores, pasará a la historia por los episodios casi diarios de familias que eran desahuciadas de sus casas por no poder hacer frente al pago de la letra hipotecaria o el alquiler. Pero esos desalojos han seguido dándose después y, aunque los datos de este 2020 no reflejan aún la hondura de la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus en materia de desahucios, ya que ello se irá notando a lo largo de los próximos meses, si se lee la serie histórica de desalojos en la provincia desde el pico de la anterior depresión, el ejercicio 2013, hasta el segundo trimestre de 2020 (últimos datos disponibles), puede constatarse que un total de 21.296 familias han sido desalojadas de sus viviendas en lo que se denominan 'lanzamientos', es decir, desahucios. Son datos provinciales, claro.

Casi 21.300 familias que se han quedado sin sus viviendas habituales y principales en siete años y medio, una radiografía clara del miedo y de la falta de empleo a caballo entre dos crisis. El año 2013, fueron desahuciadas 3.074 familias, aunque el peor ejercicio fue 2014 (normal por los tiempos de tramitación de los procedimientos), primer año de la 'recuperación', si es que alguien se recuperó del anterior golpe económico, con 3.485 desahucios. En 2019, se registró, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizados por La Opinión de Málaga, la menor cifra de desahucios desde 2013, 2.418 y eso que era un año económico positivo, según los analistas, que aún no habían previsto las importantísimas consecuencias del coronavirus. En los dos primeros trimestre del año se produjeron 414 desahucios (de enero a marzo) y 59 entre abril y junio, una cifra mínima debido, precisamente, al confinamiento decretado por las autoridades sanitarias para hacer frente a la enfermedad vírica, tres meses, por cierto, en los que también se suspendieron los plazos administrativos y judiciales salvo para causas urgentes, aunque los desahucios por impagos de letras hipotecarias y alquileres se verán, sin duda, en el tercer trimestre de 2020 y el cuarto, además de en el primer tramo de 2021, siempre que las medidas actuales de toque de queda y cierres de municipios no deriven en un nuevo confinamiento domiciliario, lo que está por ver.

Así, de esas 21.296 familias desahuciadas o víctimas de lanzamientos judiciales, 8.994 lo fueron por el impago de la hipoteca, es decir, las casas de las que fueron desalojadas eran de su propiedad; 11.303 procedimientos, por su parte, se incoaron en esos siete años y medio por el impago del alquiler (Ley de Arrendamientos Urbanos), más de la mitad, como pueden apreciar con una lectura rápida de los datos del Consejo General del Poder Judicial en su informe trimestral sobre la afección de los procedimientos económicos a los órganos jurisdiccionales, un estudio, por cierto, que no existía antes de la anterior crisis pero que se creó expresamente para hacer ver la avalancha de procesos judiciales que se da en cada debacle económica, con la consiguiente falta de medios materiales y personales en los juzgados de la provincia.

Por cierto, se ha incluido un nuevo dato en la serie: en el segundo trimestre de 2020 se incoaron 45 procedimientos verbales por ocupación de viviendas, frente a 53 del primero. Asimismo, en 2019 entraron en los juzgados 161 procedimientos de este tipo, frente a los 71 de 2018, es decir, se duplicaron a grandes trazos (el total es de 330 en dos años y medio). Desde hace unos meses, la preocupación social por la ocupación ilegal de casas se ha disparado entre la ciudadanía.

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