Este mismo año en que doña Ana Reyes, vecina de Soliva de 81 años, con cardiopatía severa, un desfibrilador implantado y problemas respiratorios, ha ingresado en tres ocasiones en el Hospital Regional de Málaga, por fin recibió una esperada carta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. En ella se le certificaba que desde agosto de 2018 tiene reconocida una discapacidad del 77 por ciento.

La carta era esperada porque tanto en el Centro de Valoración y Orientación de Málaga como en el departamento de pensiones no contributivas, dos negociados de la Consejería de Igualdad, le informaron de que conllevaba la subida de los 155 euros al mes que ahora mismo recibe en concepto de pensión no contributiva de invalidez, informa su hija Ana Alvero.

El motivo, señala la hija, se debe al aumento del grado de discapacidad, ya que antes tenía un 66 por ciento y ahora un 77.

"Por lo que dicen los baremos, a mi madre tendrían que darle 107 euros al mes más"

«Mi madre en 2018 pegó un bajón cuando estaba en Carlos Haya y por eso pedimos una segunda valoración. Por lo que dicen los baremos, a mi madre tendrían que darle 107 euros al mes más», destaca.

En la actualidad, doña Ana Reyes vive con esos 155 euros, complementados por una pensión de viudedad de 384 euros. En total, 539 euros al mes.

«El agua, la luz y el teléfono lo pago yo todo y compro cuatro cosas para comer y mis hijos me ayudan un poquito porque si no no tendría para alimentarme», cuenta doña Ana, que tiene la compañía de un respirador y que desde hace algo más de dos meses, un par de horas al día de lunes a viernes, está atendida por una cuidadora, después de que se le haya reconocido su situación de dependiente.

Con su hija Ana Alvero. | A.V.

Los que no llegan son los alrededor de 107 euros al mes de más para su pensión de invalidez por ese aumento de grado reconocido hace casi tres años, lo que, calcula su hija, conllevaría que la Junta tendría que abonarle los atrasos: en total «unos 3.000 euros», calcula Ana Alvero.

Como confiesa doña Ana, la subida de su pensión no contributiva, «para mí sería una ayuda muy grande, un respiro en muchos sentidos. Aquí lujos no tengo, tengo una camita adaptable, igual que el sofá, que lo he pagado a plazos, y mis hijos me sacan en silla de ruedas para dar cuatro paseítos», comenta.

Con el aumento del grado de discapacidad certificado desde agosto de 2018, Ana Alvero dice no entender cómo la Junta no lo ha hecho efectivo y abonado las cantidades atrasadas. «En la Junta me dijeron que llevaban un atraso de año y medio, pero no de tres años. He presentado tres reclamaciones y no me han contestado a ninguna», lamenta.

Una portavoz de la Junta de Andalucía informó a este diario de que la Consejería de Igualdad ha examinado el caso de Ana Reyes y de acuerdo con el Real Decreto 357/1991, no tiene derecho al incremento de la pensión de invalidez dado que entre los requisitos se exige ser menor de 65 años. Ana Alvero ha anunciado que hablará con un abogado para que lleve el caso de su madre.