La Justicia vuelve a dar la razón al vecino de la EBAR del arroyo Jaboneros construida en zona verde

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga ha anulado y dejado sin efecto la disposición por la que en 2018 el Ayuntamiento de Málaga desestimaba revisar de oficio dos resoluciones que en el año 2005 hicieron posible la puesta en marcha de la Estación de Bombero de Aguas Residuales (EBAR) junto al arroyo Jaboneros. Además, la sentencia, que no ha sido recurrida y ya es firme, obliga al Ayuntamiento a pagar las costas del juicio.

La petición de la revisión de oficio, es decir, la posibilidad de que una administración declare de oficio la extinción de un acto dictado por ella, partió de Manuel Hijano, el vecino cuyo chalé, en la avenida de Salvador Allende, en El Palo, linda con la EBAR. Hijano lleva 17 años oponiéndose a ella, por entender que es un equipamiento ilegal, al estar construido en una zona verde y sin el permiso del propietario del terreno, el Ministerio de Fomento.

16 años contra una EBAR ‘invisible’

La sentencia rechaza, en contra de la argumentación municipal, que se inadmita la solicitud de revisión por la existencia de cosa juzgada con anterioridad, así como el punto de vista de Emasa de que los recurrentes carecen de interés legítimo: «Las resoluciones (...) tienen por objeto la realización de obras en la EBAR, y se funda la pretensión en la construcción de la EBAR en suelo verde, por tanto, en la infracción urbanística, en relación a la cual está prevista la acción popular (...) de modo que la falta de legitimación planteada no puede tener acogida», señala el texto del juzgado.

Ya en 2015, el TSJA admitió parcialmente un contencioso de Manuel Hijano que obligó al Ayuntamiento a calificar de nuevo como zona verde la parcela, pues tras el PGOU de 2011 la calificó de sistema técnico. En esa ocasión el TSJA consideró que la decisión municipal de levantar la estación en ese terreno estaba «insuficientemente motivada, cercana, cuando no incursa, en la desviación de poder».

La Opinión habló la semana pasada con Gonzalo García Weil, abogado de Manuel Hijano, que calificó la última sentencia de «serio toque de atención al Ayuntamiento».

En su opinión, tras el fallo «al Ayuntamiento se le está quedando pequeño el campo de juego, el margen de maniobra es corto». Con respecto a lo que puede hacer ahora el Consistorio indicó que quizás si vuelve a inadmitir a trámite la petición, esta decisión «podría ser objeto de revisión por los tribunales penales».

Y en el caso de que sí lo admitiera, Gonzalo García Weil explicó que conllevaría un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que suele mostrarse muy firme «a la hora de admitir invasiones en las zonas verdes, porque construir en ellas es una de las infracciones urbanísticas más graves». El letrado manifestó por último que el que el Ayuntamiento de Málaga «no predique con el ejemplo, es algo que como ciudadano me resulta grave».

Se da la circunstancia además de que en 2009, el alcalde Francisco de la Torre, tras la intervención del Defensor del Pueblo que dio la razón al vecino, comunicó por carta a Manuel Hijano que había dado las instrucciones para trasladar la EBAR «lo antes posible», algo que sigue sin ser realidad 13 años después.

Respuesta municipal

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, declaró a este periódico, tras conocer el fallo, que la sentencia retrotrae la situación al tiempo anterior a la resolución municipal, a 2017, «y procede por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo dictar una resolución nueva, es quien tiene que tomar la decisión y estaremos a lo que determine».

Precisamente este lunes, en la Comisión de Sostenibilidad y al hilo de esta sentencia, el grupo municipal Unidas Podemos por Málaga presentará una moción en la que insta al equipo de gobierno a cumplir el fallo judicial y en segundo lugar a cumplir los acuerdos plenarios que en años anteriores comprometían a trasladar la EBAR de sitio, «así como a la recuperación de este espacio como zona verde para la mejora y calidad de vida de los vecinos del entorno.

A este respecto, la concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, declaró a este periódico que por culpa de esta estación ilegal «se vulneran los derechos de una persona y está en la mano de Francisco de la Torre el ejecutar la sentencia y velar por la legalidad para que deje de incumplirse la normativa».

La concejala calificó también de «calvario», los problemas de los vecinos del entorno con esta EBAR, que como ya informó este diario, se quejan del ruido, los malos olores, emanación de gases y en el caso de Manuel Hijano además, de que su casa se haya inundado en dos ocasiones de aguas fecales. «Nuevamente entendemos que este equipo gobierna Málaga de espaldas a la ciudadanía, es un caso generalizado», concluyó Remedios Ramos.

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