La autovía MA-23, el acceso sur al Aeropuerto María Zambrano de Málaga, a su paso por la barriada de San Julián, se convierte en una infraestructura de doble uso, pues además de transportar coches, al convertirse en paso elevado, centenares de vehículos de una empresa de alquiler de coches aparcan bajo ella. Además, junto a la calle Pascal, un gran cartel informa de que se trata de una propiedad privada y prohíbe el paso a esta parcela bajo la MA-23.

Además, cuenta con la particularidad de que en la curva frente a la gran rotonda de Guadalmar se han colocado grandes rocas.

Rocas en el borde de la parcela, en la curva de la carretera. A.V.

«En agosto preguntamos al Ayuntamiento pero todavía no ha contestado», lamenta el concejal socialista Salvador Trujillo. En esa misiva, preguntaba al Ayuntamiento si tenía conocimiento «de la ocupación de dicha parcela pública por un privado» y manifestaba su preocupación, al entender «que puede haber accidentes en la parcela debajo de la autovía y riesgo de incendios». Para el concejal socialista, se trata de un aparcamiento ilegal, «porque está en la zona de seguridad de la autovía».

«Esto engancha uno detrás de otro si hay un incendio», alerta Sergio Cabrera, de la asociación de vecinos, quien la semana pasada recorrió el entorno con La Opinión y un grupo de vecinos.

El aparcamiento, por cierto, limita con un pequeño parque, el de la calle Pascal, y el continuo trasiego de coches ha terminado por romper el paseo de esta zona verde.

Neumáticos abandonados

Además, cerca de uno de los pilares del paso podían verse neumáticos amontonados, maderas y un carrito de la compra con enseres, objetos que acrecientan el temor de los vecinos a un incendio en cadena.

Neumáticos, madera y un carrito junto a uno de los pilares del paso elevado del acceso sur del Aeropuerto de Málaga. A.V.

«Esto es ilegal, un parking tiene que tener contraincendios, cada vehículo debe guardar con el otro una distancia de dos metros, ahora hay un fuego aquí y con el aire que hay ardemos toda la barriada», lamenta Antonio Mota, de la asociación de vecinos, que charla por teléfono con este diario. El vecino llama la atención sobre el hecho de que «llega un señor, cree que tiene un coche en una nave y lo tiene en medio de un descampado».

Pero para Antonio Mota, el problema va más allá de este aparcamiento y afecta a todo San Julián: «Cada vez que salimos de nuestra casa nos encontramos con vehículos que no son de nadie de la barriada, algunos parking, cuando los vehículos no les caben en las naves se dedican a ponerlos por el barrio y algunos se tiran un mes o dos y lo mismo hacen los talleres de vehículos del polígono Villa Rosa, si cogen más trabajo te plantan un vehículo viejo en tu puerta; al final los vecinos tenemos que aparcar a un kilómetro», lamenta. Por este motivo, ha pedido que «el polígono sea del polígono y no se introduzca en la barriada, como pasa en Los Prados».

Protesta de vecinos de San Julián y del grupo socialista hace unos días en la misma zona. La Opinión

En la misma línea, el concejal socialista Salvador Trujillo considera que en San Julián hay «un problema estructural» y ha pedido una «mesa por la movilidad de la Loma de San Julián, en la que estén sentados las asociaciones de rentacar, el Ayuntamiento y representantes de los vecinos para que lleguen a acuerdos porque es un problema que hay que arreglar».

Reacciones

Este periódico trató de recabar ayer, sin resultado, el punto de vista de la empresa de alquiler de coches que utiliza los terrenos bajo la MA-23.

Por su parte un portavoz de la Subdelegación de Gobierno precisó que el Ministerio de Fomento no guarda ninguna relación con este aparcamiento y que la titularidad de la Demarcación de Carreteras se limita a un metro alrededor de la base de cada pilar del paso elevado, que debe estar libre de todo tipo de elementos. «Si hubiera coches pegados a los pilares, Carreteras hará sus inspecciones y abrirá informaciones previas y los expedientes sancionadores que tenga que poner».

Por parte del Ayuntamiento, la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, informó de que el Área de Comercio no tiene constancia de que haya otorgado licencia alguna para ejercer esta actividad "en ese sitio concreto" aunque precisó que "en la zona sí hay". En esos casos, la Policía Local puede actuar, señaló.