Cae en Málaga una trama que estafó 1,8 millones a 155 extranjeros con la multipropiedad
Han sido detenidas siete personas y una octava se encuentra investigada por su presunta participación en un delito continuado de estafa
La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una organización criminal que estafó más de 1,8 millones a 155 extranjeros, la mayoría jubilados, con falsas ofertas de adhesiones a clubes vacacionales y derechos de multipropiedad.
En la operación han sido detenidas siete personas y una octava se encuentra investigada por su presunta participación en un delito continuado de estafa y se han bloqueado 2,5 millones de euros en cuentas bancarias.
Además, se han llevado a cabo media docena de registros en domicilios de Málaga, Fuengirola, Marbella y Estepona y otros dos en sedes empresariales de Mijas Costa, según ha informado este viernes la Policía en un comunicado.
La investigación se inició gracias a la denuncia colectiva de los perjudicados, representados por un mismo abogado, y cifra el fraude en 1.832.541 euros.
La organización captaba a las víctimas en congresos organizados por la propia red donde les ofrecía la adhesión a clubes vacacionales con una amplia gama de ventajas, a cambio de la cesión de los derechos de multipropiedad de los que disponían los inversores.
Además, las ofertas llevaban aparejadas el supuesto compromiso de la devolución de las cuotas iniciales y anuales abonadas, en un cheque de reembolso, tras completar la permanencia de 36 ó 54 meses.
Con el paso de los meses, los clientes se percataban de que las ofertas eran inexistentes, lo que generaba numerosas quejas.
Segunda estafa
A raíz de estas incidencias, la red "ideó una transformación de su propia estafa, migrando las empresas ya existentes desde actividades de ocio a un servicio de reclamación jurídica" para asistir a los estafados en la recuperación del dinero aportado, señala la Policía.
Las pesquisas de los agentes han permitido dilucidar una compleja trama de sociedades mercantiles, diseñada desde Gran Bretaña y España, e incluso países no cooperativos en materia fiscal y tributaria, con la intención de ocultar y dificultar la trazabilidad del dinero defraudado.
El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ordenó el bloqueo de 2,5 millones de euros en diferentes cuentas bancarias relacionadas con los investigados.
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