El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Agricultura y Pesca, aprobó ayer por unanimidad una Proposición no de Ley registrada por el PSOE en la que se establecen medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por las inundaciones del mes de octubre en las provincias de Málaga y Sevilla. En la comarca de Antequera las poblaciones más afectadas fueron Campillos, Teba, Ardales, Bobadilla-Estación y Sierra de Yeguas.
El diputado socialista Miguel Ángel Heredia defendió que con esta Proposición No de Ley se insta al Gobierno «a manifestar su total apoyo a los agricultores, ganaderos y municipios afectados en las comarcas de Málaga y Sevilla».
La iniciativa plantea poner en marcha medidas que mejoren la capacidad de respuesta de agricultores y ganaderos ante las adversidades climáticas como: el ajuste de los índices de rendimiento neto del régimen de estimación objetiva agraria del IRPF de las actividades afectadas; y líneas de financiación para mejorar el acceso al crédito del sector agrario, mediante subvenciones destinadas a la obtención de avales por titulares de explotaciones; medidas que, según Heredia, «ya se están desarrollando por el Gobierno».
El documento aprobado recoge también la bonificación del IBI a aquellas fincas agrícolas afectadas y a las explotaciones ganaderas, así como las cuotas patronales de la Seguridad Social. En este sentido, de acuerdo con la Ley 17/2015, el Gobierno concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2018 y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Además, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas las ayudas concedidas por daños personales.
Por último, Heredia explicó que la iniciativa recoge una reducción de las 35 peonadas establecidas para percibir el subsidio. Una reducción que se ha acordado con una transacción con el PP.
Actualmente, la Junta de Andalucía ha aprobado 37 millones de euros para afrontar los daños más urgentes en infraestructuras y caminos rurales. Y el Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de noviembre la consideración de las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.
