El proyecto de reforma laboral, aprobado a inicio de verano por el Gobierno mediante decreto ley, superó ayer su primer trámite en el Senado en medio de una tormenta inesperada, ya que los focos y la polémica se los ha llevado una medida con la que, en realidad, todo el mundo puede estar de acuerdo, aunque si las cosas se matizan bien. En la enmienda sobre si los parados pueden rechazar o no los cursos de formación que les ofrezcan los servicios públicos de empleo (en el caso de Andalucía, el SAE), lo importante no es tanto determinar si el tope se pone en los 100 días de estar en el desempleo o en los 30 de a partir de ahora. Más importante en la práctica parece que era aclarar si esos parados estarán obligados a coger cualquier curso que se les ofrezca, se adapte o no a su perfil profesional. El PSOE entiende que un parado que se inscribe en el sistema debe estar abierto, por lógica, a aceptar cualquier formación que aumente su empleabilidad, por mucho que para el común de los españoles, apuntarse al antiguo Inem sólo sea el trámite que hay que cumplir para cobrar el paro. No la falta razón, aunque de ahí a entender por ello que un administrativo que se queda en el paro debe aceptar forzosamente un curso de panadero va un trecho. Y no hay que olvidar que un parado puede destinar su prestación a buscarse por su cuenta la formación que crea más oportuna y valiosa (idiomas, máster, etc), con lo que puede que no le interese lo más mínimo el curso que le ofrezcan en la oficina de empleo.

Al final, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha matizado que el tema habrá que verlo caso por caso, pues puede que haya circunstancias atenuantes que hagan que el desempleado no pierda la prestación (en realidad, se suele penalizar con uno o dos meses de cobro, porque la infracción es considerada leve) por su negativa a formarse. Y en cualquier caso, el PP ha introducido una petición para que los cursos se correspondan con la profesión habitual del desempleado o las aptitudes formativas que indique al apuntarse al paro. Total, que aquí paz y después, gloria.

En realidad, Zapatero y su reforma laboral se la jugarán a partir de septiembre, pues el Gobierno tendrá que justificar con contratos y colocaciones su cesión al abaratamiento del despido, una medida que le ha costado la convocatoria de la huelga general el 29-S y ha propiciado el fin del idilio que el presidente mantenía con los sindicatos desde que llegó al poder. Si el paro no baja, ZP y su Gobierno quedarán mucho más que tocados.