Cartas al director

Desde el monte Gurugú se domina casi a vista de pájaro la ciudad de Melilla. Desde sus faldas y a medida que se asciende por el otero observamos cómo la población se desparrama en los aledaños del mar Mediterráneo y se hacen visibles en la lejanía sus edificios de mayor relieve. Paseando por sus calles nos gana la percepción de una población animada por la belleza de su entorno, la peculiaridad de su emplazamiento y la notoriedad de su historia, confirmada ésta por la abundancia monumentos debidos a la mano del hombre. Fue escenario en el siglo XX enfrentamientos entre los ejércitos españoles y los rebeldes sublevados rifeños de Abd el-Krim: se escribieron entonces páginas sangrientas para el recuerdo.

Ahora, en nuestros días, el Gurugú, en sus laderas atormentadas por la orografía tienen cabida otros relatos no menos crueles: allí esperan como bestias agazapadas, acosadas por el hambre y la desesperación los inmigrantes que esperan el momento propicio para dar el peligroso salto hacia la península. Y lo de salto arriesgado no es un énfasis expresivo sino una realidad candente.

Cuchilla, concertinas, para suavizar el vocablo, pero que nada tienen que ver con el instrumento musical del mismo nombre. Son las que se han instalados en las vallas que separan Marruecos de España para «disuadir», se dice, a los subsaharianos de que no intenten el paso ilegal (¿ilegal?) a la que para ellos es poco menos que la tierra prometida. Y lo intentarán, qué duda cabe, que la penuria atosiga y el deseo de otra vida mejor no les arredrará.

Hay un sacerdote, Ángel García (no hay un nombre más apropiado para la misión que él mismo se ha impuesto), fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, que ha visitado in situ la valla siniestra y no ha dudado en calificar la instalación de las lengüetas asesinas como «una vergüenza». Es la misma calificación que le mereció al Papa Francisco la muerte de centenares de emigrantes en Lampedusa. El Gobierno español, por su parte, se muestra renuente por lo pronto a prescindir de ese valladar que destroza brazos y entrañas. Un claro atropello de derechos humanos ya formulados por Naciones Unidas a través de las oficinas del Alto Comisionado:»sin distinción de nacionalidad, residencia, sexo u origen étnico». A ver si se enteran que tienen que abstenerse de tomar medidas en contra de estos derechos universales e inalienables.

José Becerra Gómez. Málaga

Indignados

Indignados, así estamos una gran parte de la sociedad española al comprobar el uso que se ha hecho del dinero público y la corrupción cometida por algunos sindicalistas, políticos y gobernantes en: ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno central y sindicatos. Muchas de las noticias que producen escándalo y alarma social son consecuencia de personas y grupos descontentos con sus propias organizaciones. Por este motivo, lo que hasta ahora se conoce, probablemente sólo sea una pequeña parte de como el dinero público se ha utilizado para beneficio e interés personal e ideológico. Es mucho el dinero público destinado a los Órganos de Control Público, por eso, resulta conveniente preguntarse ¿por qué no se ha evitado estos comportamientos que han salido a la luz pública? Estos abusos siempre son detestables, pero en las circunstancias actuales son impresentables, en estos últimos años, son demasiadas las personas que están haciendo sacrificios casi al límite de sus posibilidades. Por esto, resulta irresponsable que en plena crisis la Junta de Andalucía haya entregado dinero público (millones de euros) a Organizaciones Sindicales para actividades (cursos en Venezuela, Ecuador y otros Países Iberoamericanos) que no parecen que sean urgentes ni necesarias, máxime cuando en esta Comunidad Autónoma tiene deudas pendientes con otros Organismos o Instituciones para atender salarios de sus empleados, personas dependientes, hay ciudadanos con un grave nivel de pobreza, niños que acuden a los colegios insuficientemente alimentados, cuando ha crecido el número de personas que acuden a Cáritas y al Banco de Alimentos para ser alimentados y ayudados en necesidades primarias, etcétera. Las personas que intervinieron en estos asuntos deberían ser responsables y presentar su cese o dimisión y ser inhabilitados para cargos públicos.

Plácido Cabrera Ibáñez. Málaga