Cartas al director

En los últimos años, han sido millares las familias que han sido obligadas por sentencias judiciales al desalojo de sus viviendas, porque no habían podido atender a los pagos o deudas pendientes. Por este motivo, no deja de sorprender que haya personas y colectivos que de manera impune ocupen edificios, viviendas o locales deshabitados, y que las autoridades competentes miren para otro lado y dejen de exigir cumplir la ley, menos entendible, que cuando son desalojadas puedan sentirse molestas como si hubieran sido privadas de un «derecho de propiedad y uso». Pero no solo esto, sino que además muestren una agresividad más parecida a una guerrilla, expresando su «valentía» produciendo daños: físicos a personas, materiales, económicos y sociales. Estos daños, muy probablemente los tendremos que pagar los demás ciudadanos. Además, no sería de extrañar que estas mismas personas, que expresan sus protestas de esta manera tan violenta, se sientan con derecho a seguir recibiendo ayudas, becas y otras prestaciones sociales.

Plácido Cabrera IbáñezMálaga