Las libertades civiles involucionan en España a impulso de algunos ministros aplicados en demostrar que, democráticamente hablando, eran y son un bluff. En un vistazo a las redes, llama la atención el video titulado «Sin justicia» que, con la firma «Rights International Spain», encadena hechos y proyectos ilustrativos de la profundidad del retroceso. El punto de arranque es que el gobierno, en lugar de atender las demandas de la sociedad, busca protegerse a sí mismo recortando derechos y libertades y reduciendo garantías ante la justicia. Una reforma del Código Penal trata de tipificar y penalizar como delito de incitación al desorden público la simple convocatoria de una manifestación. Participar en protestas pacíficas, incluso simbólicas, como la sentada ante un banco para pedir una renegociación hipotecaria o el resarcimiento de la estafa preferentista, tendrá penas de hasta nueve meses.

Cuando argumentan que en esa reforma desaparecerán algunas faltas, rebajadas a infracciones administrativas como si fueran multas de tráfico, disimulan que no serán los jueces sino la administración la que, con muchas menos garantías, defina la infracción y la sanción. Para recurrir hay que pagar una tasa que, aún ganado el recurso, no será devuelta. La Constitución dispone que la justicia es gratuita para quienes tengan menos recursos, pero también reformarán ese área para dejar fuera a la inmensa mayoría, reservada a los pobres de solemnidad.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana convierte en un lujo las protestas pacíficas en la calle. Además, castigará las críticas a las instituciones públicas (incluso en las redes) en virtud de un concepto tan ambiguo como el del ultraje o la ofensa a España. «¿Sabes tú preguntar a España qué es lo que la ofende?», inquiere el video. «Lo que me ofende es que las autoridades abusen de su poder». «Pues cuidado, que si grabas en tu móvil abusos de la policía, te sancionan a tí, no a los abusadores». A particulares y organizaciones de derechos humanos van a quitarles el derecho a la acusación particular. Los fiscales, que ya son Ministerio Público, se ocuparán de la investigación procesal que ahora corresponde a los jueces, además de gestionar en monopolio el principio de oportunidad, que discrimina entre lo que debe de ser investigado y lo que no. Algunas asociaciones de jueces lo critican, pero también está en marcha una reforma de la Ley del Poder Judicial que prohibe a jueces y asociaciones de la judicatura la crítica pública de los actos de gobierno. Después de eliminar a más de 1.200 colegas contratados, poco tiempo les quedará para luchar por el derecho a la crítica, piensa uno.

A esta España, sedicentemente neoliberal, no la conocerá ni su madre tras el reflujo de la ola descrita por Alfonso Guerra en sentido contrario.