Las andanzas del alcalde de Benamocarra y su obsesión por uno de sus convecinos, el director del instituto del pueblo, dan para una película de esas que siempre hemos llamado españoladas, por exageradas y chabacanas. Hablamos de un episodio desproporcionado. Con visitas a los tribunales incluidas y también con muy poco afecto por los manuales de ética. Es la historia de la ofuscación de Abdeslam Lucena, un abogado metido a política, primero con el PA, una formación con la que intentó llegar a la alcaldía un par de veces sin conseguirlo, y segundo, con el PP, con quien finalmente vio cumplido su sueño.
El que fuera su contrincante político en el pueblo y portavoz del PSOE, Manuel Ruiz Cazorla, se convirtió en una obsesión para él. Nos remontamos a al menos siete u ocho años atrás. Al principio, la antipatía hacia su oponente político se reducía a escaramuzas y perrerías varias en el ejercicio de la brega municipal, pero luego, cuando Cazorla, maestro de profesión, fue nombrado director del instituto del municipio, el alcalde perdió el control. Hizo lo posible por entorpecer el funcionamiento del centro. Al instituto no le llegaba la licencia municipal y la Junta se vio forzada a conseguir el acta de ocupación por interés social; tampoco permitió hacer una obra necesaria para construir un transformador y se tuvo que recurrir a un enganche de luz de obra; la Junta pidió en cuatro ocasiones la licencia para arreglar la escollera que rodea parte del centro y tampoco llegaba. El instituto estuvo cerrado, los padres indignados y los alumnos sin clase. Todo un espectáculo, que trascendió los términos municipales y se convirtió en noticia de alcance por lo absurdo del asunto y el empecinamiento del alcalde.
No contento, Lucena, como un sheriff de aquellos del lejano oeste, ordenó a unos operarios municipales que colocaran dos vallas, en terreno municipal, con sendas inscripciones: «El delegado de Educación enchufa al director del instituto» y «No a la politización de los niños». Esta alegría le costó, en abril de este año, una condena de seis meses de cárcel y un año de suspensión de empleo o cargo público por injurias, calumnias, malversación y desobediencia (no quitó las vallas pese al mandato judicial, las tapó unos días y luego las volvió a descubrir). Poco después, en junio, el propio ayuntamiento fue condenado por el impago de certificaciones de obra del instituto. Por supuesto, Lucena, que también es diputado provincial y presidente del Consorcio de Bomberos, no ha ido a la cárcel y tampoco ha abandonado su cargo.
El PP malagueño, en su línea, ya conocida por casos anteriores, no le ha obligado a dimitir. Dice que esperará a que la sentencia sea firme. Una maniobra de dilación que ya utilizó con Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande, que esperó a que el Supremo confirmara su condena por corrupción para dimitir. Serón se marchó y fue despedido por sus seguidores en la plaza del pueblo. Entre ellos se encontraba Fran Oblaré, vicepresidente de la Diputación y coordinador general del PP para las elecciones de 2015. También en aquel caso la sentencia era de un año de suspensión para el ejercicio de cargo público. Que por cierto vence a primeros del mes que viene. Y con las municipales a tiro de piedra.
Abdeslam, que ha enredado las cosas hasta el absurdo, que ha usado dinero público para sus ocurrencias, que fue condenado por ello y por atentar contra la dignidad de otra persona, se muestra inasequible al desaliento. En su día exigió a Cazorla que dimitiese como director del instituto si resultaba imputado. Es de ese tipo de gente que reclama a los demás una coherencia que él mismo no está dispuesto a practicar. Y si el PP no le obliga a dimitir es, lógicamente, porque está de acuerdo con este modelo de alcalde. Estamos pues ante un candidato ejemplar y seguramente una bellísima persona, aunque esté condenado por un juez y dispuesto a arrasar con lo que sea en favor de sus causas personales. Huelga decir que este no es el perfil al uso del los alcaldes del PP. Sería una vulgaridad y completamente injusto decir lo contrario. La pregunta para el PP sería saber cuál es su limite en la elección de un alcaldable. Si es que eso es algo que se plantea en los partidos.
