Oficializar el proceso preliminar de investigación a Trump que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes desde septiembre no significa que el juicio político de destitución del presidente haya comenzado. Tan sólo que ha recibido un importante impulso, porque se fijan garantías procesales para el investigado, se permite una participación de los legisladores republicanos y, lo más importante, se acerca el proceso al ciudadano, que podrá seguirlo por televisión y hacerse una idea propia de la inocencia o culpabilidad del magnate, a un año de las elecciones presidenciales de 2020. Sin embargo, se está lejos aún de haber entrado en el juicio político de destitución. A partir de ahora, a medida que se vayan haciendo los interrogatorios, la Comisión de Inteligencia elaborará informes destinados a la Comisión de Justicia, que será la que decida si redacta documentos que sirvan de base a un juicio político. Su apertura deberá ser aprobada por mayoría de la mitad más uno de los 435 legisladores de la Cámara de Representantes.
El juicio se celebraría en el Senado, con los miembros de la cámara baja actuando como fiscales y los cien senadores en el papel de jurados. Todos bajo la dirección del presidente del Supremo. Para destituir a Trump se necesitaría el voto condenatorio de 67 senadores. Y esto es algo que en los dos únicos casos registrados -Andrew Jackson (1868) y Bill Clinton (1998)- no ha llegado a ocurrir.
