En este camino conjunto de la ciudadanía andaluza, emprendido el 28 de febrero de 1980, siempre hemos estado sin fisuras los ayuntamientos toda nuestra Comunidad. Los gobiernos locales hemos sido, somos y seremos los primeros en escuchar las demandas del pueblo, como administración más cercana al vecino, y seguimos manos a la obra para alcanzar las aspiraciones de una ciudadanía rica en valores, cultura e historia.
El andaluz es un pueblo que ha sabido superar con responsabilidad y esfuerzo las sucesivas crisis que hemos pasado, algunas muy intensas, a lo largo de los años. Seguimos atentos a los vaivenes de los precios que en los últimos meses han afectado a las economías domésticas y que cuenta con esa solidaridad que caracteriza a los andaluces. Se avecina una nueva crisis, la sequía, con todo lo que eso supone no sólo para la ciudadanía de a pie, sino para dos de los grandes sectores económicos de nuestra tierra: la agricultura y el turismo.
En otras palabras, se avecinan nuevos retos y nuevas ilusiones y los municipios seguiremos trabajando por buscar nuevas oportunidades y por seguir posicionando a Andalucía en el lugar que le corresponde, pero, qué duda cabe, también afrontando con sentido común y con altura de miras los muchos desafíos, amenazas o debilidades que nos acechan.
Hace cuarenta y cuatro años del referéndum en el que Andalucía consiguió su autogobierno y todos hemos podido comprobar, especialmente en estos últimos años, que el Estado del Bienestar, que vino de la mano de la Democracia y la autonomía, resulta imprescindible para superar dificultades extremas como la crisis sanitaria que pasamos en 2020 o la actual crisis del agua, así como la amenaza que se cierne con el despoblamiento de las zonas rurales y el envejecimiento de la población.
En el lado más amable, tenemos que reivindicar que, de la mano de principios como la igualdad de oportunidades y la cohesión social, nuestro intenso trabajo desde el municipalismo y desde nuestra autonomía para que nuestra tierra siga siendo un ejemplo de sociedad inclusiva, solidaria, integradora, abierta, generosa, amable y moderna, además de respetuosa con sus tradiciones y con su patrimonio histórico-artístico, medioambiental y paisajístico, sin olvidar el importante factor humano andaluz representado en nuestro inagotable talento, audacia e iniciativa como tierra de emprendedores.
Debemos trabajar con entusiasmo para que Andalucía ocupe un lugar de vanguardia en la innovación, la transferencia tecnológica y la modernidad; visibilizando el talento, la solidaridad y el sentimiento de ser andaluces y andaluzas y de sentir, pensar y hablar en andaluz.
Sigamos construyendo una Andalucía que genere empleo, riqueza y oportunidades, con compromiso ante los que tienen dificultades, diversa e igualitaria, sobre las bases de la convivencia y el respeto a los derechos fundamentales, en la búsqueda de un modelo de Estado de las Autonomías como garante del progreso económico y social de la ciudadanía, basada en los pilares indispensables de la Educación y la Sanidad públicas, y en la defensa a ultranza de los colectivos que más lo necesitan a través de políticas que blinden el gasto en acción social y Dependencia.
La reafirmación de un territorio no puede ser a costa de otro; tenemos que defender la vigencia de los principios que inspiran la Constitución y nuestro Estatuto, dos textos que nos garantizan que tenemos los mismos derechos y obligaciones y que la política de cualquier gobierno debe de pasar por el fortalecimiento del Estado de Bienestar, el desarrollo económico y la defensa de lo público, dentro de la máxima lealdad institucional que en Andalucía llevamos por bandera.
Con ese mismo espíritu de determinación, unión y compromiso que caracterizó a aquellas generaciones de andaluces que pusieron en marcha y colocaron los cimientos del Estatuto de Autonomía, nos toca responder a todos para afrontar todos los desafíos que nos aguardan, que no son pocos ni fáciles, y que requieren de nuestro empuje, pero también de que España siga siendo un Estado donde se respete la solidaridad interterritorial, la igualdad entre los ciudadanos y la lucha contra los privilegios económicos, políticos o jurídicos de unos territorios respecto de otros, porque esto último profundiza en las diferencias y socava los principios irrenunciables que emanan de nuestra Constitución.