87 años a la intemperie

Tienes 87 años. Estás enferma. Atada a una silla de ruedas. Llevas cuatro años luchando para no perder la vivienda en la que has vivido y por la que has pagado religiosamente durante medio siglo. Y una mañana llaman a tu puerta. No vienen a preguntarte cómo estás. Vienen a echarte.

Y quienes entran en tu casa lo hacen para ejecutar una decisión que tú llevas años intentando evitar. El hogar en el que has construido tu vida deja de ser tu hogar. De repente, todo aquello que durante cincuenta años fue seguridad, memoria y pertenencia se convierte en un expediente.

Porque si tienes 87 años, estás enferma y en silla de ruedas, ¿qué esperas del Estado? ¿Qué te explique que la ley es la ley? ¿Qué te diga que hay una resolución judicial? ¿Qué te recuerde que existen procedimientos y competencias administrativas? ¿O que alguien encuentre una solución para que una persona vulnerable no termine en la calle?

El problema es que frente a ti hay un fondo de inversión. Una estructura con recursos, abogados y capacidad para prolongar los procedimientos y ganarlos. Un actor que ha adquirido una vivienda dentro de un mercado en el que las reglas permiten determinadas operaciones. Y enfrente, una mujer de 87 años que lleva cuatro años intentando defender su casa. Quizá todo sea legal. Pero la legalidad, por sí sola, no siempre responde a la pregunta más importante: ¿es esto lo que una sociedad quiere hacer con sus ciudadanos más vulnerables, que podemos llegar a ser cualquiera?

Y mientras tanto, quienes salen a la calle para denunciarlo acaban enfrentándose a quienes deberían garantizar la seguridad. La imagen es demoledora, ciudadanos que piden protección y una respuesta policial que termina expulsándolos. Dos imágenes de un mismo tiempo.

Quizá por eso convendría recordar para qué existe la política. No para indignarse después. No para explicar por qué nadie puede hacer nada.

Existe para que, cuando una mujer de 87 años esté enferma, en silla de ruedas y a punto de perder el lugar donde ha vivido durante setenta años, alguien sea capaz de encontrar una respuesta. Porque gobernar no consiste solo en administrar competencias, también en asumir responsabilidades. Y cuando todos encuentran una razón para explicar por qué no pueden intervenir, mientras una persona vulnerable pierde su casa, lo que queda en evidencia no es solo un problema jurídico o administrativo. Es un fracaso de la protección y eso es lo que se espera que nos dé la democracia. Porque un Estado de Derecho puede ejecutar una sentencia. Pero un Estado social no debería dejar a una persona a la intemperie.