Detenidos los dueños y dos empleados de una funeraria en Valencia por timar a las universidades con la cesión de cadáveres

Agentes de la Policía Nacional detuvieron, en marzo del año pasado, hace casi un año, a los dos dueños de una funeraria con sede en el valenciano barrio de Benimaclet, así como a sus dos empleados, por supuestamente estarse beneficiando económicamente de los cadáveres que las universidades utilizan para las prácticas de los estudiantes o para realizar estudios científicos. 

Según la investigación policial que está en manos del juez de Instrucción número 1 de València, los acusados habrían falsificado la documentación en casos de personas vulnerables o sin familia, simulando donaciones a la ciencia, para poder embolsarse el dinero que las facultades de Medicina pagan por el traslado del cuerpo a sus instalaciones y por la posterior retirada de los mismos, una vez han concluido las prácticos o estudios que cada facultad estima oportunos.

Al descubierto por falsificar mal

El caso ha saltado a la luz pública después de que la Jefatura Superior de Policía de València informase a través de un comunicado de prensa difundido ayer, casi un año después de las detenciones y cuatro meses después de la conclusión de las indagaciones policiales, llevadas a cabo, según consta en las diligencias judiciales, por el grupo de Policía Judicial de la comisaría de Russafa.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la investigación policial dio comienzo cuando una funeraria ajena a los hechos denunció, en enero de 2023, que alguien había puesto su nombre en el traslado de un difunto fallecido en una residencia de ancianos de Albal, del que nada sabían. 

Las primeras indagaciones destaparon que alguien había falsificado esa documentación y que quien realmente se había llevado el cuerpo era la funeraria de Benimaclet. El fallecido, de nacionalidad francesa, no tenia ni familia ni recursos, hasta el punto de que iba a ser enterrado por cuenta del Ayuntamiento de Albal en el cementerio municipal.

A casi 1.200 euros el porte

Por trasladar ese cuerpo a las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU-Cardenal Herrera y deshacerse más tarde de los restos, siguiendo los cauces legales, en una incineradora de València, los funerarios facturaron a ese centro universitario cerca de 1.200 euros.

Una vez que los investigadores reunieron las pruebas de los delitos de estafa y falsedad documental, detuvieron a los dos dueños de la funeraria y a sus empleados, que supuestamente eran los encargados de materializar esas falsificaciones. Todos ellos pasaron a disposición del citado juzgado, que en ese momento decretó su libertad, aunque mantuvo a los cuatro como investigados.

El juzgado decidió proseguir con el rastreo de la documentación de la funeraria, para intentar aclarar si habían hecho algo parecido en los años anteriores, para lo cual bucearon en sus actividades hasta 2017.

Una firma tres días antes de morir

De esa segunda fase se desprendieron dos presuntos delitos más. El primero de ellos afectaba a otro fallecido, en este caso un anciano español, sin familiares conocidos, y vecino de Puçol, de quien falsificaron presuntamente la donación que la ley exige que se haga en vida. Ese documento lo fecharon tres días antes de la muerte y cuando el hombre ya tenía sus facultades mentales totalmente mermadas, lo que evidenció que no había sido una decisión de esa persona.

Inicialmente, iba a llevar ese cuerpo a la Facultad de Medicina de la Universitat de València, pero en el último momento lo trasladaron nuevamente al CEU porque les reportaba un mayor beneficio económico, ya que les permitía facturar más dinero por los portes.

Incineraciones inexistentes

Además, los agentes averiguaron que la estafa se había ampliado a las incineraciones. Así, cuando las universidades concluían las prácticas o los estudios sobre esos cuerpos, para lo cual en ocasiones debían ser utilizados por partes, la funeraria investigada, al parecer, distribuía esos restos en féretros de otros difuntos, para aprovechar su incineración sin tener que pagar por ella a la empresa encargada de esa gestión. Y así, en once casos, nueve de ellos de la CEU y dos de la UV, según la investigación policial, algo a lo que ambas universidades eran completamente ajenas.

Tras concluir las investigaciones, el abogados de los dos socios de la funeraria pidió que se archivase la causa contra ellos tras derivar toda la responsabilidad sobre sus empleados, algo a lo que accedió el juez desde el primer momento.

Sin embargo, el fiscal ha recurrido esa decisión del juez de Instrucción número 1 en apelación ante la Audiencia de València, que aún no se ha pronunciado, al entender que los empleados actuaban por orden de sus jefes y que no podían haber llevado a cabo actuaciones de ese calado sin, como mínimo, el conocimiento de los primeros.

La Universitat de València (UV) emitió ayer un comunicado, nada más conocerse el de la Policía Nacional, para aclarar que no se ha visto afectada por la investigación e informar de que su Facultad de Medicina y Odontología "no compra cadáveres sino que acepta donaciones en vida después del cumplimiento de unos requisitos rigurosos".

La UV ha defendido que trabaja con «protocolos seguros» a la hora de aceptar donaciones altruistas de cadáveres destinados a la docencia y la investigación. De media, ha informado, la Universitat recibe la donación de entre 40 y 50 cuerpos por año y "solo sufraga los gastos del traslado hasta la Facultad".

"Máximo respeto y dignidad"

"Los cadáveres que se emplean para la docencia de grado y posgrado proceden del Programa de Donación de Cuerpos de la Universitat de València. Las donaciones son siempre altruistas y realizadas en vida", ha insistido.

Ha agregado que la institución "garantiza a los donantes de cuerpo y a su familia que serán tratados con dignidad, respeto al anonimato en todo momento" y que los estudiantes "son supervisados por los profesores, tratando el cuerpo con el máximo respeto y dignidad".

"El programa sirve para formar a las futuras generaciones de profesionales médicos, fisioterapeutas, logopedas, de enfermería y de farmacia y para que los especialistas quirúrgicos mejoren sus técnicas y desarrollen nuevos procedimientos", ha explicado la UV.

La CEU-UCH colaboró con la Policía

La CEU-Cardenal Herrera, por su parte, también emitió ayer un comunicado en los mismos términos que la UV, con el fin de aclarar que en su caso también se siguen "estrictos protocolos" para la cesión de cuerpos a la investigación y que no pagan por ellos, sino por el coste del traslado.

Así mismo, la universidad privada, que asegura recibir entre 10 y 15 cuerpos donados al año, ha explicado que en enero de 2023 la Policía les pidió documentación de un cadáver que acababan de recibir [el de Albal], debido a irregularidades con la funeraria trasladadas por la Policía.

"En este sentido, la CEU UCH colaboró con la investigación y puso a disposición de la Policía toda la documentación de este caso y de todas las donaciones tramitadas con esta funeraria», ha señalado la universidad.