Los desajustes en la plantilla de la Policía Local de Torrox no han terminado con el cambio de gobierno de las pasadas elecciones municipales. Es la principal conclusión del pleno extraordinario que ayer se celebró a instancias de la totalidad de las formaciones de la oposición, que previamente han desarrollado una comisión de investigación para esclarecer las diferencias entre los agentes y los responsables del cuerpo.
El portavoz de IU y presidente de la reseñada comisión, Antonio Toro, aseguró a este periódico que la existencia de un total de 39 expedientes abiertos a agentes que en todos los casos corresponden a la UPLB -sindicato mayoritario en esta plantilla de 32 efectivos- demuestran que el «mal» no era el anterior equipo de gobierno, «criticado con insistencia por el PSOE mientras estaba en la oposición».
El alcalde, el socialista Francisco Muñoz, que gobierna en minoría reconoció durante la sesión la existencia en las últimas semanas de hasta siete bajas que se analizan por los servicios jurídicos o la inspección médica. Planteó, por ejemplo, que dos agentes a los que se les negaron días de asuntos propios en plenas fechas festivas «causaron baja por sendos esguinces cervicales», después de sufrir un supuesto accidente leve.
Al respecto, subrayó que se va a determinar si realmente existen las lesiones reseñadas, con la intención de depurar responsabilidades.
El portavoz de la comisión recordó que alguno de los 39 expedientes abiertos contra los policías ya se han resuelto en los tribunales y que han dado lugar a que el Ayuntamiento deba hacer frente a «más de 2.000 euros en gastos, entre indemnización y pago de costas». Y agregó que se está a la espera de que se resuelvan casos de expedientes que han acarreado suspensiones hasta de mes y medio que convertirían en millonarias las cantidades a abonar en los próximos meses.
«Estamos volviendo a las andadas porque Francisco Muñoz sigue con el látigo, con su misma forma de hacer política», espetó. Y señaló por otra parte, en pleno debate plenario, que se han abierto diligencias previas contra el jefe de la Policía Local y dos agentes porque durante la pasada Fiesta de las Migas «presuntamente retiraron una denuncia y una orden de retirada con la grúa a un alto cargo del PSOE en la provincia que había estacionado mal su vehículo».
Toro matizó que los tres efectivos policiales han sido «imputados por supuestos delitos de prevaricación, falsear en documento público e incluso documento testimonial, como consta por escrito».
