­No hay marcha atrás. Un portavoz de la asociación Soha, que en la Axarquía agrupa a medio millar de propietarios de viviendas irregulares, ha certificado junto a representantes de otras agrupaciones de ciudadanos de distintos puntos del país, como AMA, Auan, Calu o Faun, que la modificación en la Ley Hipotecaria no podrá ser posible.

Estos residentes aspiraban a que los compradores de buena fe que en su día adquirieron casas sin las preceptivas licencias no pagasen las consecuencias y se mantuvieran como «víctimas por segunda vez», en virtud de la normativa legal vigente en la actualidad.

Tras un encuentro con los grupos socialista y del PP en el Senado, los reseñados portavoces certificaron que el grupo popular no ha apoyado la enmienda 124 sobre el artículo 34 de la Ley Hipotecaria y consideran que se ha perdido «una gran oportunidad de dar a todos los ciudadanos una mayor seguridad jurídica». Agregaron estos colectivos, en un comunicado, «que es difícil explicar que, cuando todos están de acuerdo en la necesidad de estos cambios legislativos, los mismos no lleguen». Pero al mismo tiempo consideran como positivo «el compromiso del PP y del PSOE de seguir trabajando con ellos para buscar soluciones a este problema».

El letrado de Soha, Gerardo Vazquez, argumentó: «Creemos que por lo menos las asociaciones han logrado que estas cuestiones se debatan en las más altas esferas y que consten allí en el Senado estos problemas sociales. Por ello estamos seguros de que tarde o temprano se resolverán estos problemas, aunque esperamos y confiamos en que sea más temprano que tarde».

El presidente de AMA, Antonio Vilela, expresó: «El grupo popular ha coincidido con los afectados en la necesidad de los cambios legislativos, pero problemas de forma y tiempo hacen que no pueda ser en este pleno, por lo que nos han invitado a enviar nuestras iniciativas que serán tenidas en cuenta en otras modificaciones legislativas que se realizarán en próximos plenos del Senado. Hay una coincidencia entre los grupos parlamentarios en la necesidad de una modificación de la Ley de lo Contencioso-administrativo», finalizó este portavoz.