­El colectivo Gena-Ecologistas en Acción, con sede en la comarca de la Axarquía, arremetió ayer contra la Junta de Andalucía y el que califican como «gigantesco fraude político, legal y electoral para legalizar la totalidad de las viviendas ilegalmente construidas».

A través de un comunicado, indicaron que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó la semana pasada el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), medida que consideran que va a «favorecer y amparar la corrupción urbanística».

El máximo responsable del colectivo, Rafael Yus, señaló que resulta muy significativo que la primera medida política y legislativa del gobierno de Susana Díaz «no tenga como objetivo luchar contra la especulación y la corrupción urbanística». La modificación de la LOUA persigue eliminar el artículo que declara imprescriptible las infracciones de los actos de urbanización en suelo no urbanizable, como ya solicitaban agrupaciones de propietarios de viviendas en el campo, como la asociación axárquica Soha.

«Lo que constituye un elemento disuasorio para la especulación del suelo es eliminado por arte de magia. Esta imprescriptibilidad es un arma legal de enorme importancia para impedir que se consoliden estas urbanizaciones ilegales, y deberían haber permitido a ayuntamientos y a la propia Junta actuar para desmantelar estas obras de urbanización, como viales, redes de abastecimiento de agua y electricidad», argumenta Yus.

Y continúa: «La absoluta desidia, cuando no manifiesta complicidad, de estas administraciones, que son las que tienen las competencias urbanísticas, ha sido la principal causa de la existencia de esas miles de urbanizaciones y viviendas ilegales, y de la impunidad de los infractores y delincuentes urbanísticos».

Para Gena, la medida que ahora se tramita lograría blindar a los propietarios para que no se les pueda aplicar las normas de disciplina urbanísticas contempladas en la ley. «La incompetencia y desidia de la Junta en la lucha contra la especulación urbanística queda patente con el escandaloso dato de que sólo haya efectuado una media de 4,3 derribos al año». Ecologistas en Acción argumenta que de 5.438 casos investigados en los últimos años, sólo se han demolido 26 inmuebles, un 0,47% de los casos.

«La impunidad es total. El argumento de la presidenta de la Junta es pura falacia. Repite que beneficiará a los propietarios extranjeros que compraron de buena fe, sin un solo dato que lo atestigüe. ¿Cómo se demuestra la buena fe?», se pregunta Rafael Yus. Agrega que los que realmente fueron estafados pueden acudir a los tribunales, como así han hecho alguno de estos propietarios.

Los ecologistas denuncian que la Junta sostiene que la modificación legal beneficiará a dueños de entre 20.000 y 25.000 viviendas, «pero la realidad es que no tienen ni idea del número, ni de la propiedad y uso de las mismas».