­Además de la pieza de los cursos de formación, una veta que la juez Laura Sánchez acaba de empezar a explorar, ésta ordenó la apertura de otras dos: una relativa a los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, a instancias de la Fiscalía. En su informe, y en relación a esta pieza separada, la fiscal solicita la investigación de los presuntos «pagos efectuados por el Ayuntamiento de Manilva a empresas vinculadas con la persona de la alcaldesa, Antonia Muñoz, en el periodo comprendido entre 2007 y abril de 2011». En la primera pieza, la de las contrataciones irregulares, la fiscal asegura que a un trabajador se le pagaron dietas y medias dietas así como horas extra «que superan las 24 horas en una sola jornada».

En concreto, esta acusadora pública reclama «los pagos de facturas por ejecución de obras y servicios en los que no se han cumplido los requisitos exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de adjudicación efectuadas a tres empresas». Se trata de una sociedad dedicada a la carpintería, siempre según hace constar la Fiscalía en su informe, cuyo administrador único es el marido de la alcaldesa; una mercantil de muebles y decoración, de la que los administradores solidarios son, de nuevo, el esposo de la regidora y ella misma; y una tercera sociedad de excavaciones, cuyo fundador y administrador único es un primo de Muñoz.

En un apartado del informe del ministerio público, fechado el 15 de julio pasado, se reclama que se impute al marido y al primo y que declaren.

Aún así, la pieza principal es ya ampliamente conocida por la opinión pública, la de las contrataciones presuntamente irregulares, matriz de las otras dos: a día de hoy, dice la juez, consta de 11.829 folios por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La fiscal recuerda que el 13 de octubre de 2009, el presidente del Comité de Empresa de Manilva, Francisco Román, denunció «un uso arbitrario de las empresas municipales y Funmades»: financiación pública «poco transparente», así como «contratación de trabajadores del Ayuntamiento sin estar sometidas a ningún control». La fiscal cree, y la juez accede, que la investigación judicial permite separarlas tres piezas ya que admiten un enjuiciamiento separado.

En la principal, cree la acusadora que las contrataciones vulneraron la legislación laboral, así como el pago de horas extra y otras gratificaciones al personal. «Desde que accedió al poder este equipo de Gobierno, la mayoría de la contratación de personal se ha realizado sin convocatoria pública a través de concurso, oposición o concurso oposición». La mayoría del personal es interino, dice el ministerio público, que ve irregularidades en los pagos por gratificaciones u horas extra. La fiscal reclama la imputación de cinco personas, a lo que accede la juez. Las declaraciones serán el 10 de diciembre.