Tribunales

Un perito del caso de los ERE de Estepona afirma que se usaron datos ficticios

El TSJA repitió este miércoles el juicio por el despido de 174 trabajadores del Ayuntamiento, por orden del Supremo, y quedó visto para sentencia

24.09.2015 | 05:00
Imagen de las protestas en 2012.

­El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Ayuntamiento de Estepona, que afectó a 174 trabajadores y finalizó en julio de 2012, sigue en los tribunales. La Sala de lo Social, con sede en Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) repitió ayer el juicio que se celebró en 2013, por orden del Tribunal Supremo, que ordenó repetir la vista para incorporar una prueba pericial propuesta por CCOO que no fue admitida entonces.

La vista se celebró ayer sólo en lo referente a esta prueba, dando por válido todo lo expuesto en el juicio anterior; aunque también se practicó otra prueba pericial propuesta por el Ayuntamiento, razón por la que se quejaron los sindicatos.

En la prueba pericial practicada ayer, compareció una economista, que apuntó que en la memoria justificativa del ERE se realizaron comparaciones interesadas y sesgadas, al tiempo que se utilizaron datos que no reflejaban la realidad económica del Ayuntamiento de Estepona en el momento del ERE.

En este sentido, la economista matizó que el Consistorio obvió la incorporación de algunas cifras de 2012, que en los dos años anteriores se había producido una evolución positiva, y que la previsión incluida en los presupuestos era de superávit. Asimismo, destacó una deficiencia en la eficacia recaudatoria del Ayuntamiento a la hora de cobrar los 90 millones de impagados, «lo que provocaba una tensión de tesorería».

Para más inri, la especialista señaló que la necesidad de ahorrar seis millones de euros en personal, como alegó el Consistorio, ya estaba conseguida, según otros documentos. La economista añadió que tampoco se tuvieron en cuenta otros gastos de plantillas como las sociedades municipales, que están en otros capítulos.

La Sala de lo Social admitió la práctica de una contraprueba, tras aceptar un informe remitido por el actual interventor municipal, quien considera que se comparan gastos de personal que «no son homogéneos», por no tener en cuenta a los empleados de las sociedades municipales.

El ERE se justificó en «causa económica y organizativa». En esta línea, para los abogados del Consistorio quedó claro que en ese momento «no había ingresos corrientes» para afrontar los pagos y no se había producido el ahorro antes del ERE, mientras que el superávit de 2012 era una previsión.

Por contra, los abogados de los sindicatos y del comité de empresa mantienen la nulidad del ERE. La responsable de la secretaría general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carolina Ortiz, indicó que afrontan este juicio con ilusión pero también con preocupación, apuntando que se trata de «174 familias que están esperando sentencia» y que tienen paralizadas sus demandas individuales.

Por su parte, la edil de Personal, Pilar Fernández-Fígares, recordó que «los despidos ha sido la decisión más dolorosa para el equipo de gobierno y se abordaron después de agotar y negociar con los sindicatos todas las vías posibles».

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