El Ayuntamiento de Mijas ha conseguido disminuir el Periodo Medio de Pago (PMP), que se sitúa actualmente en apenas 28 días, gracias al ajuste a los procedimientos administrativos del área de Hacienda. La fiscalización de facturas, la revisión de los servicios contratados y si los pagos pendientes «cuentan con consignación presupuestaria» han sido fundamentales para lograr la agilización de todos los abonos.

«El hecho de respetar los procesos estipulados por la norma, puesto en marcha de manera exhaustiva, ha permitido rebajar una cifra que en mayo ascendía a 68 día», reconoció ayer el edil responsable de Hacienda, Andrés Ruiz (C´s). «La mayoría de los proveedores ya han podido cobrar sus facturas. Gracias a esta nueva manera de proceder en el departamento hemos podido subsanar ese problema que tenía este Consistorio y ahora nos encontramos por debajo de la media, lo que ha supuesto un esfuerzo por parte de este equipo de gobierno».

El problema que en muchos casos se encontraba el departamento que coordina Ruiz se basaba en que en ocasiones las facturas se emitían «sin un expediente de contratación previo o sin una consignación presupuestaria, correspondiente a la etapa de gestión del Partido Popular».

A juicio del responsable municipal, esa situación acarreó que el municipio aumentase su PMP, «retrasando todo tipo de procedimientos y perjudicando a las mercantiles que prestaron los servicios en su día al ente local».

Ruiz, después de ocuparse a partir de abril de esta delegación municipal, ordenó como primera premisa «conseguir que la legalidad prevalezca en todo momento». Así, las medidas puestas en marcha para modificar esta situación «se basaban en varios conceptos». Ayer matizó ese procedimiento: «En primer lugar quisimos verificar que las facturas correspondieran a servicios previamente contratados y que contaban con una consignación presupuestaria».

«Para evitar las facturas extrajudiciales de crédito con informes de reparo hemos seguido los procedimientos que marca la Ley de Contratos del Sector Público, además de los preceptos de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera», expresó. En segunda instancia, otra de las actuaciones ha sido la fiscalización de los contratos menores: de 6.000 a 18.000 euros.

Pero desde el mes de mayo, el Área de Hacienda «cuenta con el nuevo servicio de una asesora jurídica, que se encarga de informar recursos, procedimientos de subastas y otros asuntos que puedan surgir en Tesorería». Todas estas medidas, según el propio edil, «ya han empezado a dar sus frutos».