El edificio construido en la plaza Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos para albergar un museo le cuesta al Consistorio 600.000 euros al año, según denunció ayer la portavoz del PSOE, Maribel Tocón, durante un pleno extraordinario celebrado para tratar el futuro de dicho inmueble.

La convocatoria del pleno volvió a dejar clara la fractura entre el equipo de gobierno y el principal partido de la oposición, el PP. Los populares querían debatir el cambio de uso del edificio. El equipo de gobierno convocó el pleno, sin comisión informativa previa y como único orden del día: «el proyecto de los juzgados de Torremolinos».

La disensión estaba servida. El PP anunció que no iba a asistir al no celebrarse comisión previa y cambiar el epicentro del debate del museo al proyecto de los juzgados.

Y así fue. El pleno se celebró ayer sin la asistencia de los concejales del PP, que ha anunciado que recurrirá a los tribunales para que sean los concejales del pleno quienes voten sobre el futuro del inmueble y no directamente el alcalde.

Con los sillones de los ediles del PP vacíos, el resto de la corporación celebró el pleno en torno al edificio de la plaza Pablo Ruiz Picasso. Durante la sesión, la portavoz del PSOE afirmó que el Consistorio está pagando 600.000 euros anuales hasta 2024 para devolver al Ministerio de Turismo el préstamo de cinco millones de euros para su construcción pero, aún así, tendrá que invertir dos millones más en acabar una obra que tenía que haber terminado el 28 de mayo de 2015, según los plazos marcados.

Tocón añadió que «Torremolinos no se puede permitir pagar más de medio millón de euros al año y por ello se ha reunido con diferentes administraciones para alquilar las instalaciones para uso público a cambio de una contraprestación económica que les permita seguir pagando la hipoteca del inmueble.

«No vamos a regular un solo metro cuadrado a ninguna administración pero no podemos permitirnos la inversión millonaria que supondría abrir y mantener un museo con recursos propios», dijo.

En este sentido, en una visita ayer a Málaga, la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, afirmó que va a hablar «de inmediato con el alcalde de Torremolinos para intentar resolver definitivamente el cambio de uso del lugar donde se puede albergar la sede judicial que cambiaría radicalmente la realidad que tenemos en la actualidad».

Tocón denunció también que el exalcalde Pedro Fernández Montes firmó un contrato privado con una arqueóloga a 1.500 euros mensuales durante dos años para redactar el proyecto de uso museístico que se pagó con dinero público, cuando podía haber sido redactado por los técnicos municipales.