El revuelo político causado en las últimas semanas en torno a la gestión del Centro municipal de Arte Contemporáno de Málaga (CAC) por parte de la empresa de Fernando Francés, Gestión Cultural y Comunicación S.L., también ha tenido su repercusión en el mundo del arte. Un grupo formado por artistas, comisarios, gestores culturales y críticos de arte de Málaga y otras provincias andaluzas han creado una plataforma (http://plataformacac.es) que nace con el objetivo luchar contra lo que consideran «las malas prácticas» del gestor cántabro.

Entre la treintena personas que figuran tras esta plataforma, se encuentran relevantes nombres del sector, como la historiadora y comisaria Margarita de Aizpuru, hija de la galerista Juana de Aizpuru; la profesora de arte de la Universidad de Málaga e investigadora Maite Méndez Baiges y los artistas Arturo Comas, Verónica Ruth Frías, Cyro García, Antonio Blázquez y Guillermo Martín Bermejo, entre otros. El sevillano Jesús Palomino, que en 2003 protagonizó una exposición en el CAC comisariada por el propio Francés, también destaca entre los profesionales que respaldan esta plataforma.

La iniciativa ha redactado un manifiesto para pedir a las instituciones a que velen por «una gestión seria, transparente, responsable e igualitaria dentro de la excelencia artística» tanto en el CAC como en el Museo de Arte de la Diputación (MAD), ambos espacios dirigidos por Francés. En este sentido solicitan al Ayuntamiento y a la Diputación que «hagan públicas las ofertas presentadas por el adjudicatario al concurso del CAC y el MAD, así como los informes de la comisión de seguimiento, para conocer los planes anuales de exposiciones y adquisiciones». Igualmente, piden que en las próximas convocatorias de concursos públicos para la gestión de museos y centros de arte de Málaga se contemple que «la elección del director no se realice por licitación» sino mediante un «comité de expertos compuesto por profesionales y expertos independientes del mundo del arte».

También solicitan que «la estructura en la gestión de los museos sea transparente y que salvaguarde los intereses públicos, estableciendo los mecanismos adecuados para el control y seguimiento de las diferentes actuaciones» y que se defienda «la aplicación y el respeto de un código deontológico con unos estándares éticos consensuados en los que se respeten los derechos de la comunidad artística».

En el último punto de este manifiesto denuncian un «abuso de poder» por parte del empresario cántabro: «Ponemos de manifiesto públicamente el abuso de participación del Sr. Fernando Francés en las contrataciones y asesoramientos en los programas culturales y adquisición de obras de arte, monopolizando cualquier proyecto relacionado con el arte contemporáneo en nuestra ciudad mediante el abuso de poder que ejerce desde su cargo y con el beneplácito de las instituciones».

Esta plataforma no es la única iniciativa ciudadana que critica la gestión del director del centro de la calle Alemania. Hace nueve meses, la escultora malagueña Encarni Lozano Francés inició una petición en la web Change.org bajo el título «Por una gestión pública y transparente del Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga)» y que ha conseguido hasta la fecha 242 firmantes. Entre los que se han sumado a esta solicitud dirigida al Ayuntamiento malagueño también se encuentra Margarita de Aizpuru, que firma la petición y escribe: «Porque se aplique el Documento de Buenas Prácticas y se saque concurso público, democrático y transparente la plaza de dirección del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga».

El pleno municipal del pasado jueves aprobó que la marca CAC Málaga deje de pertenecer a la empresa de Fernando Francés, concesionaria del centro, para pasar a ser de titularidad municipal. Así se decidió al ser aprobada, gracias a los votos de la oposición, la moción presentada por Ciudadanos en la que también solicitaron al consistorio articular un futuro concurso para la gestión del CAC «con las máximas condiciones de difusión y publicidad y cuyo pliego incida en una gestión con estándares de transparencia por parte del concesionario».