Eduardo Montes (Madrid, 1951) preside Unesa, la patronal que defiende los intereses de las cinco grandes compañías eléctricas: Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, EDP-HC y E.ON. El «lobby» del kilovatio está enfrentado al Gobierno por sus reformas energéticas, que han recortado el negocio de las empresas e incluido también subidas de precios para los consumidores. La próxima reforma revolucionará el modo de facturar la energía (40% del recibo), que desde julio se pagará según varíe el complejo mercado mayorista diario de la luz.
¿Bajará el recibo, como asegura el Gobierno, con el nuevo sistema?
Ligar el precio de la energía al mercado diario es bueno en la medida en que significa un avance en la liberalización, pero está el inconveniente de la volatilidad. El sistema puede efectivamente suponer un descenso en el recibo. Será limitado, pero bienvenido sea. Para las empresas el cambio en la facturación es muy complejo. Significa tener que transmitir millones de datos, y los plazos que se nos dan son muy cortos.
La alternativa para el consumidor acogido a la tarifa regulada serán los contratos con precio fijo anual de la energía que las eléctricas tendrán que ofrecer. Ya se anticipa que esos contratos van a ser más caros...
Cuando uno pretende tener un precio fijo, quien presta el servicio debe tener una cobertura de riesgo.
Habrá gente que prefiera pagar un poco más en lugar de hacerlo según el mercado horario.
En 1998 (con la Ley Eléctrica de Rodrigo Rato) arrancó la liberalización del sector. Se prometía que la competencia traería precios más baratos, pero ocurrió todo lo contrario. ¿Qué falló?
Dentro de la factura que pagamos hay una parte, la energía, que sí ha tenido un precio estable, incluso ha bajado entre 2012 y 2013. Ahí no está el problema, está en el resto de costes, los regulados. Los consumidores están pagando primas a las energías renovables, subvenciones, políticas fiscales, sociales… De ahí la paradoja: con un precio del componente de energía inferior a la media europea, se paga uno de los recibos más altos.
La CNMC acaba de resaltar cómo las tres grandes empresas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa) copan el 90% del mercado libre de la electricidad. ¿No es un nivel de concentración contraindicado para la competencia y para que los precios se abaraten?
No es tanta la concentración. Y si miramos los tres grandes operadores de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone y Orange), su cuota de mercado es bastante mayor, luego el problema no está ahí.
¿No erosiona la competencia también el hecho de que los grandes grupos estén en todas las partes del negocio: generación, distribución y comercialización?
En el mercado de las telecomunicaciones, que se toma como ejemplo, las grandes operadoras también tienen ese nivel de integración. El verdadero problema es que el sector eléctrico no se ha liberalizado de verdad. La libre competencia ha dividido por cuatro o por cinco el precio de la telefonía.
Ustedes hablan de liberalizar más y para ello de suprimir la tarifa regulada, pero eso también podría desproteger al consumidor y elevar más los precios...
De los 26 millones de consumidores con derecho a estar en la tarifa, hay ya 11 millones que están en el mercado libre. Lo hacen voluntariamente, así que será porque tienen ventajas.
Las rebajas en ese mercado no llegan a veinte euros al año...
Son pequeñas porque no se han creado las condiciones para competir. La tarifa regulada no tiene ninguna ventaja, y no tiene por qué pasar nada si se elimina paulatinamente.
Usted ha dicho que el sector eléctrico está en una situación económica «crítica» tras las reformas del Gobierno. ¿Por qué?
El retorno que las empresas tienen sobre lo que les cuesta financiar sus activos es negativo. Es el indicador que cuenta en una actividad tan intensiva en capital, no el beneficio sobre ventas.
Pero al año pasado las empresas declararon más de 6.000 millones de beneficios...
El 80% del negocio de varias compañías está fuera de España. Lo que queda en España no es suficiente para financiar los activos, no llega a 2.000 millones.
Algunos estudios, como uno divulgado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, señalan que las eléctricas españolas superan ampliamente en rentabilidad a sus homólogas de Europa.
Eso no es verdad. Incluso si se mide la rentabilidad sobre ventas. Antes de las reformas era la sexta o séptima de Europa. Y ha ido a peor.
Varias compañías han anunciado que frenan sus inversiones en España. ¿Preparan otros ajustes?
Es evidente que no habrá muchas inversiones, lo que no es positivo para generar actividad y empleo. Ahora bien, este sector es muy sensato, no se han visto regulaciones de empleo como en otros. Hay una enorme responsabilidad social.
El centro del problema eléctrico es una deuda (déficit tarifario) de casi 30.000 millones reconocida con las cinco grandes compañías y acumulada desde 2002. ¿Es innegociable una quita?
Es difícil aceptar algo así por unas compañías que lo único que hacen es financiar un déficit que no han creado ellas. Sería una expropiación que afectaría a millones de accionistas. Vaya a decirle a un pensionista que puso sus ahorros en acciones de una empresa eléctrica que le va quitar la mitad de lo que ha conseguido. Y mire, estamos financiando el déficit de las energías solares, que no provocamos nosotros. No se puede seguir apretando a las empresas para resolver problemas que han generado otros.
Ponen mucho el foco sobre el coste de las primas a las producciones fotovoltaicas y termosolares (3.800 millones anuales), pero también es difícil aceptar que, por el funcionamiento del sistema, el kilovatio producido en una central nuclear o en una hidroeléctrica, con costes muy bajos, se pague igual que el generado por una térmica de gas o carbón, mucho más costoso.
Cuando uno coge un taxi no pregunta al taxista cuánto le ha costado el coche o si lo tiene amortizado; cuando reserva una plaza en Iberia tampoco pregunta por el nivel de amortización del avión. Pues lo mismo debe ocurrir con el kilovatio / hora. En una economía de libre mercado, denme un precio de mercado.
Pero el beneficio parece excesivo y el precio de la energía es vital para hogares y empresas...
También las telecomunicaciones, el transporte... Es una barbaridad plantear el análisis de costes y en función de los costes dar un precio, porque eso tiende a que se tengan los costes más altos posibles. Es lo que han hecho economías planificadas que todos sabemos cómo acabaron. Hay cosas que no se pueden plantear en una economía de mercado, como decir que una empresa tiene beneficios excesivos. ¿Quién es nadie para decirlo en una economía de mercado? Hay cosas que no se pueden plantear. El mercado debe ser libre, la competencia es lo que ha generado riqueza en el mundo occidental.
España está salpicada de centrales de gas que apenas funcionan. ¿Habrá cierres?
Deben ser importantes cuando el operador (Red Eléctrica de España) no nos deja cerrarlas por seguridad. El viento sopla cuando le parece y por la noche no hay sol, así que alguien tiene arrancar centrales en esos momentos. Imagine que un día no hay viento, llama a la compañía eléctrica y le dice: «No se preocupe, en cuanto vuelva a soplar le vuelve la luz». Los ciclos combinados son anteriores al problema que trajo la planificación posterior: el despliegue rapidísimo y desmadrado de energías renovables inmaduras.
Plantea llevar buena parte de los costes eléctricos a los Presupuestos Generales del Estado, pero las cuentas públicas están en la UVI.
El que ha tomado decisiones que apechugue con ellas. No puede ser que todo sea pagado por los consumidores eléctricos y sólo por ellos.
¿Estarían dispuestas las empresas a apoyar medidas contra la pobreza energética, como la suspensión de los cortes de suministro en ciertas circunstancias?
¿Por qué no se hacen cargo los impuestos en lugar estar dedicados a cosas superfluas? No puedo entender que se exija algo así, como tampoco entendería que se exigiera un bono social a las empresas de alimentación o las de ropa. Además, el recibo eléctrico medio es de unos cincuenta euros al mes.
¿Le parece barato?
Cada uno puede juzgar que es mucho o poco, pero, según la Comisión Nacional de la Energía, son cincuenta euros. Debe ser el tres o cuatro por ciento del presupuesto familiar. Compárelo, por ejemplo, con el gasto en telefonía.
Todas las eléctricas de Unesa tienen expolíticos en sus consejos de administración. ¿Convendría evitar o limitar esa práctica?
¿Por qué no se miran los consejos de otras empresas del Ibex? Puede que en ellas pase lo mismo. No comprendo por qué un político no puede luego dedicarse a otra tarea profesional. ¿Acaso se condena a quien deja la política a no hacer nada porque es sospechoso?
