Urbanismo

Marbella dejó de percibir casi 190 millones por las irregularidades

 
Ex alcalde. Julian Muñoz, durante uno de sus juicios en la Audiencia Provincial de Málaga.
Ex alcalde. Julian Muñoz, durante uno de sus juicios en la Audiencia Provincial de Málaga.  G. Torres

El Tribunal de Cuentas concluye que el Ayuntamiento creó un sistema que permitía la apropiación de fondos públicos. Los distintos alcaldes suscribieron 650 convenios de permuta urbanísticos

La opinión. Málaga El Tribunal de Cuentas asegura que el examen de los distintos informes de fiscalización realizados sobre el Ayuntamiento de Marbella de 1990 a 2006 pone de manifiesto que durante esos periodos fiscalizados "se estructuró una organización administrativa que permitió la apropiación indebida de fondos del Ayuntamiento de Marbella" y por tanto públicos. demás, el Consistorio perdió casi 190 millones de euros por los perjuicios a los intereses municipales.
Este órgano ha realizado diferentes procesos fiscalizadores del Consistorio marbellí, reflejados en los informes correspondientes a 1990-1999, 2000-2001 y 2002-2006 y, según recoge este último, al que tuvo acceso Europa Press, el análisis continuado de los mismos "permite definir un modelo de actuación que ha caracterizado al gobierno municipal de Marbella y que finalizó motivando que el Consejo de Ministros acordase la disolución de la Corporación", a raíz del caso ´Malaya´.
En uno de los capítulos de dicho informe, se señala que se llevaron a cabo "toda una serie de actuaciones dirigidas a crear un sistema que facilitara la apropiación de fondos públicos, caracterizada por la ausencia de una justificación racional de las obligaciones y de los pagos, mediante un entramado societario que anulaba los controles de la gestión de fondos públicos, con abuso de la posición mayoritaria que el equipo gobernante ostentaba en los órganos municipales".
"Se eludió la intervención del pleno, delegándose todas las competencias posibles en las comisiones de gobierno; el alcalde, en ocasiones y sin ser competente, aprobó enajenaciones de inmuebles; no se elevó a Pleno las modificaciones de las características urbanísticas del PGOU convenidas con terceros, se adquirieron y constituyeron sociedades mercantiles sin aprobación del Pleno, se convocaron sesiones urgentes para limitar la acción de control de la oposición y no se presentaron regularmente cuentas", precisa.
Hasta abril de 2006 se suscribieron por los diferentes alcaldes al menos 650 convenios de permuta y urbanísticos, según el informe, en el que se concluye que "la planificación urbanística municipal fue sustituida por la firma de convenios particulares en que se pactaban los parámetros urbanísticos de determinadas fincas sin contar con una visión global del desarrollo de todo el municipio".
En este sentido, se manifiesta que a pesar de que los convenios quedaban supeditados a la aprobación de la revisión del PGOU, el Ayuntamiento "vendió terrenos con la nueva calificación no aprobada y negoció y transmitió los excesos de aprovechamiento sin que fuesen aún efectivos". "Esta forma de determinar el precio no ajustado a mercado determinó que en las enajenaciones de parcelas y aprovechamientos urbanísticos fiscalizados se produjeran perjuicios a los intereses municipales por 189,8 millones de euros".

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