Los juristas suelen bromear equiparando los juzgados de Málaga a la Audiencia Nacional. Y la comparación, aunque exagerada, se sostiene en los datos dados a conocer ayer por la Fiscalía General del Estado en la apertura del año judicial, un acto que presidió el rey Juan Carlos I y al que asistieron Cándido Conde-Pumpido y el presidente del Tribunal Supremo, el malagueño Carlos Dívar.

El hecho es que en Málaga se incoaron el pasado año 294.667 diligencias previas y urgentes, lo que supone un incremento del 0,69% en relación a 2007. El dato adquiere mayor protagonismo se si compara con los asuntos abiertos en Madrid (789.244, +4,75%) y en Barcelona (432.518, -8,67%). Sólo en estas dos provincias se registró más criminalidad que en Málaga. El resto está por debajo, incluyendo casos extraños como Valencia, que tiene más población que Málaga, y en la que los jueces abrieron 290.282 causas (-9,51%); o Sevilla, donde se contabilizaron poco más de 250.000 expedientes.

En total, la delincuencia aumentó en 41 provincias, sobre todo en Zaragoza, donde los delitos crecieron un 56%, y en Lugo, con un incremento del 36%. Sin embargo, descendieron en Valencia, Madrid y Valladolid. En concreto, en España se incoaron 4,68 millones de investigaciones, un 3,57% más.

Especialmente preocupante es el dato nacional sobre el crimen organizado: el número de grupos creció un 17%, un auge avivado en buena parte por la actividad de las bandas latinas o maras en Madrid. Los más activos son los ‘Dominicans Don’t Play’, los ‘Latin King’ y los ‘Ñetas’. En total, 114 miembros de estas redes fueron detenidos en la Comunidad de Madrid.

Málaga también tiene algo que decir en cuanto al crimen organizado. La jerarquía se mantiene intacta: Madrid, Barcelona y Málaga son las provincias con más mafias. Las redes de la capital catalana se dedican al narcotráfico básicamente. La Costa del Sol se sitúa, según la Fiscalía, “en niveles muy altos de riesgo”. Ésta es la zona en la que más ciudadanos británicos fueron arrestados.

Otro clásico de la memoria fiscal es el estado del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga: “Los incidentes entre internos están a la orden el día, derivados de la peligrosidad de los mismos y de las carencias estructurales que presenta el centro”, donde no están separados los extranjeros con delitos penales de quienes sólo tienen la falta administrativa derivada de su situación irregular. Además, añade el fiscal, “se han producido tentativas de suicidios”.

Por otro lado, uno de cada diez inmigrantes retenidos el año pasado en los nueve centros repartidos por el territorio nacional tuvo que ser puesto en libertad por agotar el plazo máximo de detención previa a la expulsión (40 días).

Asimismo, los delitos de homicidio crecieron un 16,46% a nivel nacional, así como también experimentaron un incremento importante los ilícitos contra el patrimonio (6,6%). La Fiscalía señaló un “apreciable incremento” de los expedientes incoados por delitos contra la libertad sexual. Los ilícitos de corrupción de menores y de pornografía infantil han subido un 42 y un 100%, respectivamente.

Por otro lado, es “espectacular” también el número de procesos abiertos por narcotráfico en Málaga, que han crecido un 217%.

Los jueces de Málaga inician el curso con 114.912 casos sin resolver

Los jueces de Málaga arrancan el curso con 114.912 casos sin resolver, lo que la convierte en la cuarta provincia española con más causas pendientes sólo por detrás de Madrid (390.942); Barcelona (272.123) y Valencia (162.608), según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes al primer trimestre del año.

Por jurisdicciones, la Civil arrastra en Málaga 54.699 casos sin concluir, la Penal alcanza los 35.607, mientras que la Social se sitúa en 9.524. En lo Contencioso-Administrativo son 11.789 los procedimientos pendientes de culminación, según los mismos datos (hasta el 1 de abril de 2009).

Para el juez decano de la capital, José María Páez, la “situación es muy preocupante. Todas las jurisdicciones están en una situación bastante mala”. Así, afirmó que el área penal arrastra 16.000 sentencias pendientes de ejecutar, mientras que la jurisdicción Social está lastrada por el aluvión de procesos laborales. De hecho, el 1 de octubre se pondrá en marcha un plan de refuerzo consistente en el apoyo de dos magistrados a sus compañeros para tratar de reducir los casos pendientes.

En Penal, el decano estudia un importante plan de choque: de momento, piensa pedir que los dos nuevos juzgados se dediquen en exclusiva a Violencia Sobre la Mujer, y reclama la entrada en vigor de una oficina que se dedique exclusivamente a las ejecutorias. “Los problemas son los mismos desde hace años”, recalca.

Otro motivo de preocupación para los responsables judiciales es la convocatoria de una huelga en el sector el próximo día 8 de octubre, una jornada que servirá para pedir la modernización del sistema judicial en su conjunto actuando en tres frentes: la simplificación y mejora del trámite procesal; la introducción ‘real’ de las nuevas tecnologías y la entrada en vigor de la nueva oficina judicial, un proyecto clave que lleva años durmiendo el sueño de los justos por la falta de dinero para aplicarlo.

Al presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo Fiestas, lo que le preocupa, básicamente, es el hecho de que en Sevilla se haya eliminado el servicio de taxis que utilizaban los funcionarios encargados de notificar las sentencias. En Málaga esto no ha entrado en vigor por la existencia de un convenio que expira en agosto. Por tanto, se han ganado unos meses, pero el problema volverá a llamar a la puerta a finales del próximo verano.

“Si se quitan los taxis, las notificaciones no se harán con la misma celeridad”, afirmó. La Audiencia lleva años intentando reducir gastos en una apuesta por la austeridad presupuestaria.

En términos más locales, el principal reto de este año es la llegada a la Ciudad de la Justicia de los macrojuicios: ‘Ballena Blanca’ comenzará a celebrarse en breve, mientras que el inicio de ‘Malaya’ está previsto para el próximo mes de marzo. También podrían comenzar otros juicios tales como la operación ‘Troya’ o ‘Astapa’, aunque este último asunto es más difícil que llegue a juicio en breve dado el volumen de la instrucción.