Una de las causas del colapso que sufren los juzgados de Málaga radica, sin duda, en la crisis económica. La carestía de dinero -y de productos básicos en muchas ocasiones- ha llevado a que determinadas personas caigan en el robo. Ello ha propiciado, por tanto, que se disparen los juicios rápidos por delito. La carga de trabajo es tal que, si en mayo tardaba cinco meses en celebrarse la vista desde que se cometía el hecho delictivo, ahora el retraso en el señalamiento asciende a más de siete meses.

Según reconocen fuentes consultadas por este periódico, ahora se están señalando las vistas rápidas para el próximo mes de julio. Puede parecer un retraso normal, incluso explicable, pero el hecho es que la Ley establece que estos actos urgentes deben celebrarse, como mucho, en 15 días.

Los juzgados de Instrucción y los de violencia de género de la provincia son los que señalan juicios rápidos por delito, mientras que son los órganos penales (ahora hay 11 y a final de año habrá 13) los encargados de enjuiciar a estos imputados y ejecutar esas sentencias, lo que supone una importante sobrecarga de trabajo para estas oficinas.

Si en 2008 se desarrollaron 2.341 juicios rápidos por delito (partido judicial de Málaga), hasta el 23 de noviembre de 2009 se habían celebrado 3.060 (sin contar las conformidades: 5.392 en 2008 y 5.557 en 2009), lo que supone un crecimiento cercano al 31%. Y todavía no ha finalizado el año. Estas vistas también pueden celebrarse en el juzgado de Instrucción siempre que exista conformidad, lo que supone una reducción drástica de la pena (hasta un tercio de la misma).

Si se analiza detenidamente la planificación de un juzgado de lo Penal que ha de celebrar 19 juicios rápidos por delito en una jornada, es fácilmente comprobable que diez de esas vistas están relacionadas con robos, mientras que el resto se reparten en los siguientes ilícitos: contra la seguridad del tráfico, quebrantamientos de condena, lesiones y atentados a la autoridad.

“Llama la atención también el hecho de que hayan aumentado significativamente los problemas de los ciudadanos con las diferentes fuerzas de seguridad: la crisis ha propiciado que crezcan los atentados a la autoridad”, recalcan las fuentes. Lo cierto es que el delito estrella es el robo (con violencia, con intimidación, etcétera...). También han crecido los juicios rápidos de faltas (cuando el valor del objeto sustraído no supera los 400 euros). Cada día se celebran 22 en la capital, más otros tantos en el resto de juzgados de Instrucción de la provincia.

“Aún no tenemos los datos de 2009, pero sí sabemos que han aumentado porque, si antes tardábamos cuatro o cinco días en señalarlos, ahora podemos retrasarnos hasta una semana debido a la avalancha de asuntos”, añaden las fuentes consultadas. La Ley afirma que estos actos deben realizarse en sólo siete días.

Si se repite el mismo experimento (analizar la planificación de un juzgado de Instrucción que celebre un día cualquiera alrededor de 20 juicios de faltas), es fácilmente comprobable que dos cuartas partes de las vistas se refieren a hurtos. Y, por cierto, también han aumentado las faltas de desobediencia a las autoridades policiales y judiciales.

Los productos más hurtados son los alimentos, videoconsolas, pequeños electrodomésticos, alcohol e incluso libros. Además, el objetivo de estos rateros es vender lo más rápidamente su botín.

Otra cosa que ha cambiado es el perfil de estos justiciables: cada vez se enfrentan a vistas rápidas por delito o por faltas personas ajenas a las capas más marginadas de la sociedad -relacionadas tradicionalmente con la comisión de estos ilícitos-.

Surgen los primeros problemas de espacio para celebrar juicios

La Ciudad de la Justicia tiene 45 salas de vistas en las que los diferentes juzgados celebran sus juicios orales. En principio, parece un espacio más que suficiente para los órganos de la capital, pero la crisis económica ha propiciado que se multipliquen las vistas en diferentes jurisdicciones lo que, a su vez, provoca problemas de organización.

“No hay sitio, las salas son insuficientes”, apuntan fuentes consultadas por este periódico. De las 45 salas, una está pedida para realizar videoconferencias y la Audiencia Provincial utiliza siempre siete fijas más otra que se le ha cedido. Hay otras dos para casos urgentes y una para celebrar asuntos de violencia de género. El resto se destina a las diferentes jurisdicciones: Contenciosa, Penal, Civil (Primera Instancia, Mercantil y Familia) y Social. En Menores sí hay espacio, por lo que algunos jueces han debido recurrir a sus salas.

“Hace poco un juez de lo Penal, al indicársele que no había sitio, nos dijo que él celebraba donde fuera, así que el juicio se llevó a cabo en el salón de actos. Otro magistrado hizo sus vistas en una sala de Menores”, relatan las mismas fuentes, especialmente afectadas por esta falta de espacio.

El problema es que los juzgados no señalan sus juicios a lo largo de toda la semana, sino en días concretos, generalmente dos o tres (los penales celebran más que el resto). Por ejemplo, cada órgano de lo Social realiza una media de 15 juicios diarios, muchos más que hace alrededor de dos años debido a la crisis económica (aquí se llevan los despidos improcedentes, principalmente). Los de Instrucción llegan a celebrar 20 juicios rápidos de faltas y los penales, 10 ó 12 vistas cada jornada. A ellos hay que sumarles los que se celebran de Civil (muchas reclamaciones de cantidad, desahucios o impagos de hipotecas).

¿Cuál es la solución? O celebrar juicios más a menudo o que en los propios juzgados, explican las fuentes, se habilite la zona de uso general para acoger todas las vistas orales posibles.