El tribunal encargado de presidir el «caso Malaya», cuyo juicio arrancará a las 10.00 horas del 27 de septiembre, ha acordado en un auto fechado el 8 de septiembre aceptar todas las pruebas propuestas por 86 de los acusados mientras que sólo ha puesto objeciones parciales a las diligencias solicitadas por siete de las partes. Asimismo, casi la totalidad de los imputados proclama su inocencia en los escritos de defensa, a los que tuvo ayer acceso La Opinión de Málaga. Sólo el empresario Fidel San Román reconoce haber pagado a Juan Antonio Roca, pero habla de una cantidad menor a la calculada por la Fiscalía Anticorrupción en sus conclusiones.
Sin embargo, ni Roca ni su hija han presentado sus escritos de descargo, puesto que al cambiar de abogado recientemente el tribunal les dio más tiempo para prepararlos. Hay de todo: algunos muy escuetos que se dedican a negar sin más las tesis de la Fiscalía, el Ayuntamiento y la Junta; y otros, como Tomás Olivo, cuyos abogados han elaborado una verdadera tesis sobre su pretendida inocencia.
En cuanto al auto, el tribunal indica que «dado el elevado número de partes existentes en este proceso y la enorme cantidad de diligencias de prueba interesadas», la Sala se ha visto obligada a poner algunos límites. Sólo se practicarán aquellas pertinentes, necesarias y de fácil obtención que puedan realizarse antes «e incluso iniciado el plenario», comprometiéndose el órgano colegiado a «solicitarlas, a reiterarlas si fuere preciso». Eso sí, su consecución «no es un derecho absoluto». «No estamos ante una nueva instrucción del sumario como podría desprenderse del contenido de algunos escritos de defensa», indica.
Además de reclamar miles de diligencias documentales y el envío de cientos de informes, que deberán remitir, entre otros, el Consistorio de Marbella, se han exigido cientos de testificales, en cuya admisión hay sorpresas: sólo se han rechazado parte de las solicitadas por el empresario Andrés Liétor, que pidió la declaración del juez Miguel Ángel Torres, del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero y de cuatro secretarios judiciales. «Estos funcionarios actuaron en el ejercicio de su cargo, teniendo conocimiento oficial de los hechos, y han de guardar secreto», aclara la Audiencia.
Testigos del juicio
Sin embargo, sí se admiten las declaraciones, solicitadas a la vez por varias defensas, del comisario jefe de la UDEF, José Luis Olivera, así como también se ha dado luz verde a que comparezcan como testigos -reclamadas por el letrado José Manuel Vázquez- el ex responsable de la Udyco Valentín Bahut, el ex comisario de Marbella Adriano Jiménez y el actual, Rafael Madrona, así como el ex capitán de la Guardia Civil en esa ciudad Juan Gómez (cuartel de Leganitos).
También han sido citados a declarar, a instancias de esta parte, los ediles del PP Félix Romero y Francisca Caracuel, los socialistas Diego Lara y Silvestre Puertas (ex portavoz municipal), y el ex delegado de Obras Públicas de la Junta José María Ruiz Povedano, amén del promotor Ricardo Arranz y el ex presidente del PP Joaquín Ramírez.
Otras comparecencias de interés serán las de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y las de la ex edil de Urbanismo Alba Echevarría, además de la de Jorge González, testigo estrella y jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella.
Rechazos del tribunal
A la ex alcaldesa Marisol Yagüe se le deniega el volcado de los ordenadores del juzgado de Instrucción número 5 para ver cuánto tiempo se tardó en cada diligencia, algo «inútil»; a Isabel García Marcos se le rechaza la petición de que la Junta certifique si controlaba la legalidad urbanística en Marbella y a Tomás Reñones se le niega, además, el volcado de las actas de las comisiones de gobierno marbellíes entre 1999 y 2006 (cree que están falsificadas).
Un total de 92 acusados rechazan los hechos, entre ellos Montserrat Corulla -testaferro de Roca-, la propia Yagüe o Julián Muñoz, mientras que el empresario Fidel San Román acepta haber pagado al ex asesor, pero sólo 2,6 millones de euros, y no más de cuatro como considera el fiscal. Eso sí, la parte no ve aquí delito.
Los argumentos de unos y otros son similares: los acrónimos de Maras no pueden ser prueba; no sabían que «blanqueaban» para Roca y los que confesaron -como Carmen Revilla- lo hicieron por miedo. Sólo la testifical del juicio será válida.
