La quinta sesión del juicio del «caso Malaya», contra la corrupción urbanística en Marbella, tuvo un protagonista que no estuvo presente en la sala: Juan Antonio González, comisario general de la Policía Judicial, un hombre muy cercano al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El abogado del promotor Rafael Gómez Sandokán, Antonio Urdiales, dejó boquiabiertos a sus compañeros y a los periodistas al relacionar al alto mando policial con el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca Nicolás.

El 15 de enero de 2007, el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero pidió al instructor Miguel Ángel Torres que abriera una investigación por cohecho y revelación de secretos, ya que en el registro del trastero de Roca, celebrado el 10 del mismo mes, se encontraron apuntes manuscritos con pagos efectuados por el ex asesor. Entre las anotaciones, aparecían las iniciales «JAG», que habría sido sobornado por el capo marbellí con el objetivo de obtener información sobre el «caso Malaya», entonces en pleno trámite.

El mismo día, Torres dedujo testimonio del informe de la Udyco. En uno de los documentos, se anotó una relación de las llamadas recibidas por Roca con la mención «JAG (Francisco de Paula) Comisario de Marbella», quien, en diciembre de 2005, era el jefe de la Policía Nacional en la plaza.

En relación a JAG, del que se ignora su identidad, éste habría informado a Roca de la identidad del nuevo comisario de Marbella, de la del comisario jefe de la UDEF y de la del responsable de Seguridad Ciudadana. Por tanto, ese tal JAG «es una persona que conoce la estructura policial y que está al tanto de las decisiones en el Cuerpo Nacional de Policía», explicaba Torres en el auto. En concreto, se le imputa la recepción de un pago de 200.000 euros por facilitarle información valiosa sobre el proceso.

Hasta ayer, nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta el nombre de este mando policial, muy cercano a Rubalcaba, considerado por el PP como el inspirador de «Gürtel». El letrado Urdiales, que había informado a sus compañeros del calado de su intervención en las cuestiones previas, se despachó a gusto con este enigmático personaje: «Lo poco que tardaron los esforzados funcionarios de la Udyco y de la UDEF en identificar por sus acrónimos a las personas que aquí se sientan y, cuando se trata de identificar a un alto funcionario del cuerpo nacional de policía que responde a las iniciales JAG, no sabemos quién es. Bueno, no lo sabemos nosotros. En internet introducen ustedes las siglas y lo saben hasta los porteros de la comisaría».

Para añadir después: «Con estos mimbres que el fiscal nos pone efectivamente no se trata de otro que del comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González». «Naturalmente que si de otra persona se tratara ya estaba detenido», aclaró el penalista.

También le llamó la atención que este mando enviase una instrucción a las comisarías «para que se declararan secretos los atestados en los que pudieran intervenir personas de alta importancia o de alta consideración política».

Urdiales señaló que no sabía qué ha ocurrido con la investigación encomendada por Torres a Asuntos Internos de la Policía Nacional. Ya a las puertas de la Ciudad de la Justicia, el jurista defendió de nuevo esta tesis, que concreta en el mencionado nombre siguiendo «los mimbres del fiscal». «Presuntamente con ese perfil no hay más que uno, Juan Antonio González», señaló.

Pidió, asimismo, al tribunal que se explique en qué estado están esas diligencias. «Por menos indicios han detenido a muchos empresarios», aseveró.

Se mostró además partidario de que se permita a las partes preguntar en el plenario a los dos altos cargos de la Udyco, hoy alejados del ejercicio, que intervinieron en la investigación, absueltos recientemente de encubrir a un narcotraficante italiano en su huida. «Por qué estuvieron procesados, si sufrieron presiones, y a qué se debe que fueran encartados también en unas diligencias previas», subrayó.

Durante la instrucción, dos mandos policiales que dirigían las pesquisas pidieron dedicarse a otros menesteres cuando llegaron a cierto punto y acabaron en la comisaría de El Palo, abandonando la causa.

Tampoco tuvo desperdicio su teoría de que en el proceso se habrían podido provocar determinados delitos, y criticó duramente al protagonista del caso: «¿Qué papel juega aquí el señor Roca? ¿A qué juega? ¿Está jugando a que cierta información sea conocida por los jueces y otra no?».

Seguidamente, recalcó que, en noviembre de 2005, ya con el caso en marcha –se inicia sólo un mes antes–, desaparecen 17 archivadores del ex asesor, según la secretaria de éste. «¿Cuál era su contenido? ¿Hay algunos nombres que en ese momento a Interior no le interesaba que salieran?», concluyó el letrado.