La Fiscalía pide un año y medio de prisión y una multa de 10.800 euros para el dueño del chiringuito Smile, ubicado en una playa de Rincón de la Victoria, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio cometido al ocupar más superficie del dominio público de la que en un principio se le había concedido. Es la primera vez que el área de Medio Ambiente del ministerio público acusa formalmente de un delito urbanístico al dueño de un negocio playero.
Según consta en la calificación fiscal, J. C. S. A., «con la intención de explotar permanentemente un restaurante de día y bar de copas por la noche, en el dominio público de Rincón de la Victoria, pero con la autorización de un chiringuito de temporada de veinte metros cuadrados, el 2 de enero de 2008 solicitó al Ayuntamiento la concesión de la instalación temporal de un kiosco/chiringuito (k-4) dentro de la propuesta del Consistorio a la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo de Málaga». Esa institución elabora cada año un plan de gestión del dominio público marítimo terrestre.
Ocupación máxima de 20 metros
Pese a ello, no le fue concedido el aprovechamiento como instalación desmontable de temporada, porque un real decreto exige que tengan una ocupación máxima de 20 metros cuadrados y una separación mínima de 100 metros de otra infraestructura. En este caso, el negocio se halla a 200 metros de una carpa de ferias y de un parque infantil.
El entonces alcalde del municipio, José Miguel Hernández, hizo alegaciones ante el órgano competente y, entretanto, antes de la llegada del verano, le permitió instalar un chiringuito en la temporada estival de 20 metros cuadrados (y 40 para hamacas), sin posibilidad de prórroga y condicionado a las órdenes de Costas.
El 26 de junio de 2008, vigilantes de Costas comprobaron que el acusado había montado una plataforma de madera de 196 metros cuadrados (con pérgola y reservada del viento con toldos), explica el fiscal, alrededor de un cuerpo central de 24 metros cuadrados.
Costas abrió un expediente por ocupación del dominio público sin autorización. El 15 de julio, además, había construido una caseta separada para servicios y, en otoño, cerró con madera y cristales la ocupación. En diciembre de 2008, el Consistorio le requirió para que restituyera el dominio público, pero el procesado, «desconociendo las órdenes municipales y la incoación del expediente, amparado en la tardanza de los procedimientos administrativos y con la intención de obtener beneficios de la ocupación ilegítima de la playa, ante la llegada del verano, repitió el procedimiento defraudatorio», relata el fiscal.
Sin desmontar su establecimiento, el 8 de enero de 2009 solicitó autorización para un negocio de 20 metros de temporada, con el presunto objetivo de «mantener su restaurante/pub de más de 200 metros cuadrados en la playa todo el año».
El 2 de junio de 2009, el Consistorio denegó el aprovechamiento, ya que ni lo incluyó en el plan de Costas. El acusado, desde el 3 de julio hasta hoy, siempre según la Fiscalía, «mantiene la edificación desmontable pero destinando permanentemente a su actividad de restauración y ocio nocturno, ocupando en julio de 2009 una superficie de 249 metros de playa.
