El actual administrador judicial de las sociedades del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha asegurado que las empresas que gestiona tienen actividad en sectores como el inmobiliario, turístico o agrícola, o son sociedades patrimoniales con activos; y ha dicho que desde que lleva su administración se han hecho con normalidad préstamos entre ellas.

El testigo ha contestado a las preguntas formuladas en la sesión del juicio del caso 'Malaya' por parte de la defensa de Roca, que se ha interesado por la actividad "real" de las principales sociedades que éste administra --unas 20--, para contrarrestar las afirmaciones de peritos y policías cuestionando los préstamos entre sociedades --más de 500-- y el que algunas tuvieran una ocupación verdadera.

El administrador ha indicado que si en un grupo de empresas, una tiene un exceso de tesorería y otra un defecto "lo que se hace es un préstamo de una a otra", asegurando que es "un instrumento más del ámbito mercantil". Ha apuntado a preguntas de otra defensa que no es una práctica irregular estas transferencia entre sociedades con socios comunes sin constancia de documento privado.

A preguntas del fiscal ha precisado que los préstamos han sido "siempre" a propuesta de la administración judicial y por necesidades financieras, ya que algunas eran "deficitarias". No ha sabido decir si antes de su llegada tenían fuentes de financiación desconocidas ni si el grupo se podía haber mantenido con fuentes lícitas, apuntando que son más empresas y sólo sabe de las que gestiona.

Sí ha dicho que el grupo no presentaban cuentas consolidadas. Ha indicado que los administradores no tienen por qué conocer operaciones antiguas y que "no tiene nada que ver el saldo contable con el patrimonio de una sociedad", aunque en casos pueden coincidir, ratificando un informe en el que se cifra el valor contable de las sociedades en un determinado momento en 40 millones de euros.

Ha apuntado que la actitud de Roca ha sido "colaboradora" desde que él está como administrador judicial de las sociedades que se le vinculan, aunque conoce que hubo discrepancias con los anteriores administradores judiciales.

Dificultades por parte de la Policía Local

En esta sesión han declarado también policías nacionales que participaron en vigilancias durante la investigación del caso 'Malaya'. Uno de los agentes de la Udyco ha sido cuestionado por la denuncia presentada por una persona en el año 2000 por presuntas irregularidades en las subastas de vehículos en Marbella, aunque el caso se archivó.

El inspector ha especificado que el problema que tuvieron fue que "solicitamos información a la Policía Local y lo que nos fue entregado carecía de interés". "Vimos que no íbamos a llegar a ningún lado, porque la información la tenía la Policía Local y no nos la iban a dar", ha dicho. Cuando se reabrieron las diligencias a raíz del caso 'Malaya' sí tuvieron colaboración.

Así, ha aseverado que hasta 2006 tuvieron "sucesivos problemas" con los depósitos en Marbella "porque cuando íbamos a inspeccionar nos encontrábamos con vehículos robados", además de que encontraron "un montón de cortapisas" por parte de uno de los sargentos de la Policía Local "para proceder a intervenir el vehículo y hacer las diligencias de por qué estaba ahí".

"Luego, en 2006, quedó demostrado que se habían subastado vehículos que seguían figurando como robados", ha asegurado el agente, quien ha insistido en que "al ver la nula cooperación de la Policía Local, en distintas investigaciones empezamos a localizar los vehículos en el depósito, pero también se nos ponían dificultades al respecto".