Delincuencia urbanística

El interior y la capital, las zonas con más delitos urbanísticos

Investigaron 103 delitos contra la ordenación del territorio cometidos en Málaga y 111 en municipios del interior

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Viviendas en un paraje de la Axarquía, una de las zonas más afectadas por el urbanismo ilegal.
Viviendas en un paraje de la Axarquía, una de las zonas más afectadas por el urbanismo ilegal.  Fran Extremera

José Antonio Sau Los golpes policiales y judiciales que ha recibido la corrupción urbanística en la Costa del Sol –«Malaya», «Astapa» o centenares de casos por delitos contra la ordenación del territorio– han tenido un efecto curioso: el litoral está más limpio, pero la capital y el interior de Málaga aglutinan la mayor parte de las diligencias previas abiertas por los juzgados de instrucción de la provincia en 2010, según se desprende de la memoria de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía.

A lo largo de 2010 se investigaron en Málaga 227 delitos contra la ordenación del territorio (casas ilegales, en su mayoría): 103 en la capital, 111 en los municipios del interior y sólo 13 en la Costa del Sol. Ello puede tener su explicación en la gran presión policial, judicial y fiscal a la que se ha sometido a la Costa del Sol en los últimos años. Y, cómo no, a la administrativa.

No en vano, la Fiscalía se vanagloria en su memoria de que cada vez más consistorios de la provincia han decidido ejercer, de verdad, las competencias urbanísticas que tienen atribuidas por ley. «Se produce una nueva etapa de colaboración con la Fiscalía», indica el autor de la memoria, Juan Calvo-Rubio, coordinador de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de Málaga.

Cada vez más consistorios, por iniciativa propia, acuden al ministerio público a denunciar. La Gerencia de Urbanismo de Málaga interpuso 24 denuncias, más otras cuatro de la Policía Local; el Ayuntamiento de Vélez, por su parte, puso en conocimiento de la Fiscalía ocho asuntos, lo que supone, en ambos casos, un importante retroceso, ya que históricamente han sido las dos administraciones locales que más han apoyado al ministerio público.

A ello se refiere Calvo-Rubio: «Se produce un importante descenso de denuncias procedentes de los dos consistorios que tradicionalmente venían siendo los mayores denunciantes, Málaga y Vélez Málaga, que han pasado de 54 y 53 en 2009, a 24 y ocho, respectivamente».

Pero esta bajada se compensa con la más estrecha colaboración de otros ayuntamientos: por ejemplo, Alhaurín de la Torre y Antequera se mantienen en cifras similares a 2009 –la ciudad del Torcal presentó cuatro denuncias en 2010, frente a las tres del ejercicio anterior–; Villanueva de la Concepción pasa de dos a seis, Alhaurín el Grande de tres a 14 y Álora, de cuatro a 24. En total, las administraciones locales de la provincia presentaron 82 denuncias que motivaron otras tantas diligencias de investigación –paso previo a la presentación de denuncias y querellas por parte del ministerio público–. A ello, el fiscal lo llama asunción real por parte de los municipios «de sus competencias urbanísticas», aun «cuando eso suponga la denuncia de sus propios convecinos». La Guardia Civil presentó 39 denuncias, 12 la propia Fiscalía, hubo 13 comunicaciones anónimas y 76 procedentes de consejerías: 14 de la de Medio Ambiente; 42 de Vivienda; 20 de Gobernación y ninguna de Cultura.

Buena relación con la Junta

Todas estas comunicaciones permitieron la incoación de 298 diligencias de investigación –distintas de las diligencias previas anteriormente enunciadas–: 272 relativas a delitos contra la ordenación del territorio; una por ilícitos contra el patrimonio histórico; 16 por delitos contra el medio; nueve contra la flora y ninguna por incendios.

El fiscal también destaca la «magnífica» relación que hay con la Junta de Andalucía, con la que se han mantenido diversas reuniones de coordinación, especialmente con Vivienda y Ordenación del Territorio; el tirón de orejas se lo llevan Cultura –ni una denuncia– y Medio Ambiente –de 62 a 14–.

En cuanto a los incendios, el hecho de que este año no se haya efectuado una campaña de vertederos ha propiciado una caída en las diligencias por incendio, mientras que se echa de menos «más implicación municipal» en materia de maltrato de animales y en cuanto a vertidos.

La Fiscalía necesita más medios para llegar a todo

Buena parte de la memoria la emplea el fiscal coordinador de la Sección especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo-Rubio, en poner de manifiesto la falta de manos y de medios materiales que arrastra el área, lo que le impide estar en todos sitios o allí donde se le requiere.

Sólo son tres fiscales, cada uno con sus diversas competencias: «Dicha escasez, en cuanto a los fiscales, se traduce en que no se puede hacer el debido seguimiento a las denuncias y querellas; no resulta posible acudir a todos los juicios orales» y tampoco se puede estar pendiente de la ejecución de las sentencias. Sólo dos funcionarias apoyan al ministerio público en sus menesteres, que además han sido sobrecargados con nuevas funciones. Además, en cuanto a delitos contra la ordenación del territorio, en 2010 hubo 56 sentencias, 43 condenatorias y 13 absolutorias. De las primeras, en 35 casos se acordó la demolición de la vivienda.


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