Para las empresas de transporte escolar el mes de agosto debería ser sinónimo de descanso. Sin embargo, las modificaciones que dicen que la Junta de Andalucía les ha planteado sobre un contrato ya firmado les ha sumido en una búsqueda de respuestas en el mes de mayor inactividad política y administrativa. Según aseguró ayer el secretario general de la Asociación Provincial de Empresarios, Transportistas y Agencias de Málaga (Apetam), José María Arias, estos cambios suponen rebajas de hasta el 50% en el precio del servicio.

En mayo de 2010, el ente público andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) sacó a concurso la prestación del transporte escolar público en la provincia de Málaga para el pasado curso y el que aún está por llegar. El importe de la adjudicación ascendía a 27.256.853,10 euros, para lo que se contrataron 53 empresas, con 302 rutas para un total de 18.386 alumnos.

«Hace un mes y algo, el ISE nos anunció para el curso 2011-2012 importantes modificaciones que en principio no fueron precisadas», explicó ayer Arias. El argumento esgrimido por la Junta, según los transportistas, es la «optimización» del servicio. La base: unos informes redactados por los monitores que acompañan a los niños durante el transporte.

A juicio del representante de los transportistas, estos cambios modifican «sustancialmente» las condiciones de trabajo para el curso que viene, sin variar ni el número de alumnos ni el de autobuses. «Quieren que los transportistas realicen el mismo servicio por la mitad de dinero, incumpliendo lo establecido en el concurso», denunció Arias, quien manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo con la Junta, de la que no han obtenido respuesta, por lo que piden una reunión con la Delegación de Educación.

Los cambios anunciados a los transportistas impedirán que el transporte escolar se realice «en las mismas condiciones de normalidad y seguridad» que el curso pasado. Asimismo, denuncian que se producirán cierre de empresas y despidos en el sector, que pueden alcanzar hasta un 40% del total de trabajadores, en números absolutos entre 80 y 90.

Según la Apetam, los niños también se verán perjudicados, ya que sostienen que la Junta ha suprimido algunas rutas y unificado otras, pero no ha especificado cuántos niños tendrán que subirse o bajarse en cada parada tras la reorganización, que afecta a un 70% de las rutas. «Seguiremos trabajando con la información que tenemos del año pasado, por lo que si en una parada había diez niños y ahora son once, ese último se va a quedar en tierra», indicó Arias.

No obstante, Arias aseguró que la Apetam, que aglutina al 90% de las empresas del sector de transportes, emprenderá acciones judiciales por este asunto, al considerar que si la Junta quería cambiar las condiciones, debería haber sacado de nuevo el servicio a concurso.

El autobús se parará antes del colegio

Ante los cambios que aseguran que les han sido comunicados por la Junta, la Asociación Provincial de Empresarios, Transportistas y Agencias de Málaga (Apetam) amenaza con cumplir a rajatabla los kilómetros establecidos para cada trayecto de transporte escolar público, con lo que un autobús podría pararse hasta un kilómetro antes de llegar a la puerta del colegio. «Hemos hecho kilómetros que no figuraban porque nos prometían que serían abonados y luego no ha sido así», expresó ayer del secretario general de Apetam, José María Arias.

Las claves

EL CURSO PASADOUn contrato de más de 27 millones para dos cursos académicos

En mayo de 2010, el ente público andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) sacó a concurso la prestación del transporte escolar público en la provincia de Málaga para el pasado curso y el próximo. La adjudicación ascendía a 27.256.853 euros y se contrataron 53 empresas, con 302 rutas para 18.386 alumnos.

EL PRÓXIMO CURSOReducciones en el precio del servicio de entre el 37 y el 50%

Según los transportistas, la Junta de Andalucía ha modificado «unilateralmente» las condiciones del contrato firmado por dos años a mitad del camino y ha introducido rebajas que oscilan entre el 37 y el 50% del presupuesto para el transporte escolar público del próximo curso. Por contra, se mantienen las rutas y trayectos contratados, aunque se reorganizan.