El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha anunciado hoy que los ciudadanos de la provincia podrán aplazar sus impuestos y tasas municipales hasta en once meses. Gracias a un nuevo plan de facilidad fiscal del Patronato de Recaudación Provincial (PRP) que se lleva a aprobación en el pleno ordinario, se flexibiliza el abono de las obligaciones tributarias para proteger los intereses de unos 900.000 contribuyentes ante una crisis que daña especialmente las economías familiares.
Bendodo ha presentado el plan antes del pleno acompañado por el presidente del PRP, José Alberto Armijo, y el gerente, Luis Díaz.
Este plan incluye además una nueva ordenanza de fraccionamiento de deudas de años anteriores, un mayor asesoramiento legal en las operaciones de compraventa ante notario para otorgar seguridad jurídica y el inicio de la administración electrónica en el PRP, que permitirá hacer gestiones a través de Internet. En total son cuatro medidas diseñadas para mejorar la relación tributaria de los malagueños con la Administración.
El PRP se encarga de la gestión y recaudación de tributos públicos por delegación de los ayuntamientos, que se ahorran la infraestructura necesaria para el cobro y se benefician de adelantos de dinero a cuenta. En su objetivo principal de mejorar la vida de los ciudadanos, la Diputación hace más eficaz su gestión y moderniza un sistema que responderá mejor a la actual coyuntura económica, más gravosa para los contribuyentes.
El primer punto se refiere a que antes de la modificación, los 900.000 empadronados en los 96 municipios que tienen encomendada la gestión y cobro de impuestos al PRP –todos salvo Málaga, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena y Alhaurín el Grande¬- gozaban de un plan más limitado en plazos y que sólo se podía solicitar hasta el 31 de diciembre del año anterior.
Ahora es posible, según ha precisado Bendodo, obtener el aplazamiento dentro del año en vigor y saldar todos los impuestos que gestiona el PRP, alrededor de 50, en un recibo unificado, y también elegir el número de mensualidades para su abono. Se cumple así uno de los objetivos principales del equipo de gobierno, que es tomar decisiones de gestión basadas en la cercanía con el ciudadano y en sus preocupaciones reales.
Dado que el último mes habilitado para recaudar es noviembre por el cierre de los ejercicios económicos, un ciudadano puede pedir en enero el aplazamiento de sus pagos hasta en un máximo de once meses, en función de cuándo solicite la medida y cómo la diseñe. Por ejemplo, un contribuyente medio en la provincia paga 368,03 euros de IBI al año. Gracias a este plan personalizado podrá abonar en un máximo de once recibos 33,4 euros al mes para satisfacer el impuesto.
Se trata, en definitiva, de un plan a la carta que busca la mayor flexibilidad para que los habitantes de la provincia satisfagan sus impuestos con comodidad y sin que ello suponga un quebranto económico.
Este plan de facilidad fiscal surge de una moción institucional aprobada en el pleno ordinario del pasado diciembre, en la que se instaba al PRP a facilitar a los ciudadanos el pago de tributos para amortiguar las consecuencias de la crisis. Bendodo ha reiterado que la función de este organismo y de la Diputación en general es mejorar las condiciones de vida de los malagueños en cualquier circunstancia.
Dentro del primer punto del plan figura también la ampliación en un mes del plazo para el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en periodo voluntario, que comienza el 1 de junio y acaba el 9 de septiembre. Hasta el momento empezaba el 1 de julio. Así los contribuyentes podrán costear esta tasa con treinta días de antelación o bien aplazarla, como todas las demás, hasta en un máximo de once meses.
Modificación de la ordenanza de fraccionamiento de pago de deudas
El segundo punto contempla la modificación de la ordenanza del PRP relativa al fraccionamiento de pago de deudas, es decir, las obligaciones tributarias contraídas en ejercicios económicos anteriores y que no han sido debidamente abonadas.
En este caso son dos las ventajas para los ciudadanos: la fijación de un mínimo exento de aval bancario y la ampliación en seis meses de los tiempos prefijados para hacer efectivos débitos en función de tramos económicos. Asimismo se reduce la cantidad inicial a partir de la cual se puede solicitar un aplazamiento de la deuda.
En concreto se incrementa de 6.000 euros hasta 18.000 la cifra exenta de aval bancario, es decir, que se libera al contribuyente de buscar el apoyo de una entidad financiera para pagar cifras inferiores a dicha cantidad. Se ha triplicado este mínimo con el objetivo de hacer más cómoda la satisfacción de la deuda.
Ahora es posible solicitar aplazamientos de débitos acumulados desde 150 euros, cuando hasta el momento sólo se podía hacer a partir de 300 euros. Las deudas por un importe acumulado de entre 150 y 1.000 euros tendrán un periodo máximo de aplazamiento de 12 meses; hasta 3.000 euros, de 15 meses; hasta 6.000 euros, de 18 meses; hasta 9.000 euros, de 21 meses; hasta 15.000 euros, de 24 meses, y superiores a 15.000 euros, de 30 meses, que será el plazo máximo.
Asesoramiento legal y seguridad jurídica en operaciones notariales
Tras el sistema personalizado de pagos y el fraccionamiento de la deuda, el tercer punto del plan general del PRP es un acuerdo con el Colegio Notarial de Andalucía para ofrecer al contribuyente toda la información tributaria necesaria en las operaciones de plusvalías y compraventa. Bendodo ha explicado que el PRP tendrá a los notarios al día de los datos relativos a bienes inmuebles y parcelas de la provincia, de manera que en el momento de la firma se conocerá si existen deudas o gravámenes que deban ser satisfechos.
Este punto se enmarca en un acuerdo general rubricado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Consejo General de Notariado al que ahora se incorpora la Diputación de Málaga. Mediante este nuevo servicio, el PRP mejora la seguridad jurídica en las operaciones notariales y ofrece al ciudadano un asesoramiento legal que le evitará adquirir propiedades sobre las que pesen impuestos o tasas.
Bendodo ha valorado esta medida incluida en el plan de facilidad fiscal del Patronato de Recaudación porque, de manera general, los notarios sólo advierten a los compradores de la posibilidad de que existan cargas sobre los bienes que se van a adquirir. En cambio, a partir de ahora y gracias al PRP se dará la información concreta, y quedará a discreción de la persona el pagar o no las deudas que puedan existir.
El último de los cuatro puntos incluidos en el plan es un acuerdo con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para comenzar la instauración de la administración electrónica en el Patronato de Recaudación.
Dentro del objetivo básico de la Diputación de acercar la administración al ciudadano y hacerla más eficaz, en los próximos meses se habilitará un portal web en el que se podrán realizar pagos, consultas y reclamaciones. Los ciudadanos accederán a través de certificados digitales o el DNI electrónico para simplificar sus gestiones.
Renovación de acuerdos de delegación de todos los municipios
El plan de facilidad fiscal se une a otras medidas adoptadas recientemente por el PRP tendentes a beneficiar a los ayuntamientos y los ciudadanos de la provincia. Cabe recordar la rebaja del llamado premio de cobranza, que es la comisión que se cobra a los municipios por la gestión y cobro de impuestos. Este porcentaje se ha reducido hasta un 50% para las localidades más pequeñas.
Además, en las últimas semanas se han renovado los acuerdos de delegación de todos los ayuntamientos con el Patronato de Recaudación, de manera que el organismo seguirá con el cobro de tributos, tasas y precios públicos municipales hasta diciembre de 2016. Esta ampliación se basa en la confianza creciente de los municipios en el PRP, y de hecho, 16 de ellos han incrementado sus delegaciones con la gestión de las multas y otros 11, con la gestión del catastro.
