En Málaga hay ya en torno a doscientas familias que buscan a sus bebés supuestamente sustraídos a sus madres tras el parto entre los años cincuenta y los ochenta, según informó ayer la presidenta de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa), Isabel Agüera, quien añade que cada semana recibe una media de cincuenta llamadas o peticiones de información de potenciales afectados, lo que revela la magnitud del problema.

Agüera acudió ayer al cementerio de San Lorenzo, en Ronda, donde por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital serrana se exhumaron los restos de una niña nacida el 3 de julio del 84 en el Hospital Sagrada Familia. En la fosa común sólo se localizaron pequeños restos, aunque los forenses no pudieron determinar si eran huesos o trocitos de madera. Según explicó la madre, Encarnación Benítez: «La forense nos ha dado pocas esperanzas de que podamos realizar con éxito la prueba de ADN».

La también afectada Isabel Agüera asegura que ya se han presentado 90 denuncias ante la Fiscalía, aunque muchas de ellas son archivadas nada más llegar al juzgado porque los supuestos autores son muy ancianos o han fallecido o porque el togado entiende que los delitos han prescrito. Incluso se esgrime que la persecución de esos ilícitos es complicada dado el tiempo transcurrido y la ausencia de pruebas. «Ya he perdido la cuenta, pero se han archivado decenas», aclara.

Por ello, Agüera reclama que la Fiscalía recurra los archivos, lo que no estaría ocurriendo: «La Fiscalía no apoya los recursos, queremos que se implique más y se adhiera a las apelaciones que nosotros planteamos ante la Audiencia». La segunda instancia ya está hablando, pero lo hace en diversos sentidos: en unos entiende que los delitos han prescrito y en otros ordena seguir investigando. Se trata de una controversia entre juristas sobre si el delito cometido es una usurpación del estado civil, un ilícito que se comete mientras dure la situación, o se trata de falsedad, suposición de parto o alteración de la paternidad, delitos que estarían prescritos porque los hechos sucedieron hace 30 o 40 años.

Además, hay una única inspectora del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional realizando las pesquisas, con todo lo que ello implica. En una reunión mantenida por Agüera con responsables del Ministerio de Justicia se concluyó que hacían falta más medios para perseguir estos delitos, «un grupo más amplio para acelerar las investigaciones». El Ejecutivo dijo que sí, pero de momento no se ha concretado esa promesa.

La asociación recomienda a los potenciales afectados que, si tienen dudas, acudan primero al archivo del hospital y pidan la documentación clínica; luego, han de dirigirse al Registro Civil: si el bebé murió antes de las 24 horas, han de reclamar un legajo de aborto, y, si no, un certificado de defunción y otro de nacimiento. Por último, han de acudir al cementerio para pedir el certificado de enterramiento. Con todos esos documentos, y siempre que existan sospechas fundadas de la comisión de un delito, pueden acudir a la Fiscalía a interponer la correspondiente denuncia. En cualquier caso, el recorrido de los casos en los juzgados es corto.

Los afectados se manifiestan el sábado. Los afectados por los casos de sustracción de bebés entre los años cincuenta y ochenta se manifestarán el sábado en la capital a partir de las once de la mañana. Saldrán desde la plaza de la Merced, y acabarán en la de la Marina a la una de la tarde con la lectura de un manifiesto. Se prevé que asistan afectados y colectivos de otras partes de Andalucía, lo que sin duda servirá para amplificar las protestas de estas familias, que llevan meses rastreando en registros y archivos en buscan de algún indicio documental que acredite sus sospechas.

Reclaman más medios para la única investigadora policial que está llevando adelante las pesquisas, y el apoyo de la Fiscalía ante los archivos, dado que, según denuncia la presidenta de Aberoa, el ministerio público no se está adhiriendo a los recursos planteados por la acusación particular.

Para sobreseer los procedimientos los jueces alegan o bien que no hay autor conocido -algo difícil dada la edad que podrían tener los supuestos secuestradores- o que los ilícitos investigados han prescrito, aunque hay otra corriente a la que se adscriben abogados y algunos fiscales que apunta a que esos delitos no prescriben.

Sea como fuere, las distintas secciones de la Audiencia Provincial se están pronunciando de forma distinta en relación a los diversos casos; y, entre audiencias, también hay serias diferencias. La Fiscalía General del Estado ya realiza una instrucción para unificar su actuación en estos procesos.