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Vivienda

El decreto de viviendas no legaliza ni un solo caso en 6 meses de vigencia

Las asociaciones de afectados se quejan de los largos trámites burocráticos de la norma

 

J.L.Jiménez / F.Extremera Insignificantes pasos hacia la regularización de las decenas de miles de viviendas ilegales que existen en la provincia de Málaga un año después de que la Junta de Andalucía anunciara la creación de un decreto para aclarar la situación de todas ellas. Tras recibir el visto bueno de la mayoría parlamentaria regional el pasado 11 de enero, y por consiguiente, entrar en vigor, ninguna construcción ubicada en suelo no urbanizable ha sido normalizada en Málaga.

Así lo han dejado claro distintas asociaciones de vecinos afectadas por esta problemática que, en su mayoría, comienzan a creer que de poco ha servido este intento del Ejecutivo andaluz por legalizar las muchas construcciones levantadas en el campo de la región al margen de la legislación.

Empezando por la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares cuya presidenta, María del Mar Vázquez, no termina de ver claro que el texto autonómico sea la solución.

«El único arreglo posible pasa por modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y que cada ayuntamiento de cada zona afectada eleve a la Junta esta exigencia tras la presentación de un texto alternativo donde éste colectivo plantearía una solución legal a esas viviendas», dijo.

En este sentido, Vázquez cree que el artículo 22 del decreto andaluz puede ser una solución provisional al problema. Dicho punto habla del hábitat rural diseminado, «una figura legal para agrupaciones de viviendas y a las que podrían acogerse muchas de ellas».

Mijas y la Axarquía. Zonas como Mijas, que recientemente y tras elaborar un concienzudo censo de construcciones irregulares, determinó que existe en el término municipal un total de 4.015 construcciones irregulares. De ellas, sólo 2.800 cuentan, según el Consistorio, con muchas posibilidades de legalizarse mediante modificaciones de elementos y acogiéndose, precisamente, a la figura de diseminados; el resto podrían demolerse.

En tanto, desde la Asociación de Viviendas Irregulares del municipio, Javier Leiva, reconoció ayer que el empuje del Ayuntamiento presidido por Ángel Nozal está «por la labor», aunque cuestionó la valía del decreto de la Junta, «que no ha motivado ningún cabio».

Desde la Axarquía, por su parte, los portavoces de los propietarios de más de 1.500 viviendas, que sólo en los municipios de La Viñuela y Alcaucín están pendientes de completar los trámites de regularización, se mostraron «decepcionados» ante la lentitud y el retraso de más de un año que acumulan los expedientes que, como primer paso, deben reajustar la normativa autonómica a la realidad de sus municipios.

Representantes del colectivo de residentes extranjeros con casas en el entorno del embalse de la Viñuela consideran que el decreto de la Junta ha significado «una tomadura de pelo más». Después de varias reuniones con responsables políticos y técnicos de la administración autonómica desde principios de 2011, «lo único que tenemos es la seguridad de que con el decreto no van a tirar nuestras casas».

«No se ha solucionado nada con el decreto. Sólo sabemos que en Viñuela hay inventariadas 680 viviendas que podrían ser incluidas en la nueva figura de regularizadas como asimiladas fuera de ordenación», explicaba ayer uno de los integrantes del PA en el Consistorio de Viñuela, José Luis Florido.

El responsable andalucista, agregó, además, que la indignación es todavía mayor, cuando hay propietarios que en su momento obtuvieron la licencia de obras, «luego anulada por la Junta y llevada ante los tribunales».

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