La tensión de los últimos momentos del juicio de Malaya está pasando factura a algunos de los procesados como Montserrat Corulla, supuesta testaferro de Roca, que ayer sufrió un mareo antes de entrar a la sala para seguir los alegatos finales. Este martes les tocó el turno al letrado de Marisol Yagüe, Pablo Luna, y a la defensa de Isabel García Marcos. El abogado de la exalcaldesa marbellí afirmó que ésta pudo equivocarse pero no delinquió durante el trienio (2003-2006) que gobernó la Perla del Mediterráneo.

La mañana comenzó con un sobresalto: cuando intervenía el primer abogado de la mañana, José Godino, presidente del tribunal, advirtió a los presentes de que Montserrat Corulla había sufrido un mareo. Hasta que llegó el forense, la atendió la también acusada Isabel García Marcos, médico de profesión. Finalmente se repuso, pese a que se desplazó incluso una ambulancia a la Ciudad de la Justicia, pero no volvió a la sala para seguir la evolución de los informes.

En cuanto a Luna, éste reclamó para Yagüe la absolución, y atacó al fiscal por pedir «algo muy grave, una interpretación extensiva de los tipos finales». Recordó que los tribunales tienen limitada su capacidad creativa, y aseguró que en este proceso existe «una petición generalizada de criminalización de actos administrativos», preguntándose acto seguido si el tribunal «iba a contribuir a ella».

Afirmó que el Derecho Penal es del hecho, no del autor, pero «lo que no sabía este letrado es que existe un Derecho Penal de ciudad, de siglas y de antecedentes históricos», en clara referencia a Marbella, al GIL y a los gobiernos del exalcalde fallecido que llevaron las riendas de la ciudad desde 1991 a 2006.

En este proceso, añadió, «se ha tratado de construir en los escritos de acusación un historial perverso del Ayuntamiento de Marbella para enjuiciarlo penalmente como si se tratara de un cadalso de la Edad Media».

«Pudo equivocarse en muchas ocasiones como alcaldesa por su propia formación, por falta de experiencia política en mandos de responsabilidad y por la confianza que siempre tuvo en las personas que gobernaron con ella», indicó, pero no se puede demostrar «ni una sola conducta dolosa».

Recalcó que es lógico que confiara en Juan Antonio Roca, puesto que era su asesor, como también creyeron en él cargos relacionados con la Junta, «que en ningún momento insinuaron su destitución».

Aseguró que ésta comenzó su andadura como regidora de la mano de la Junta, con la elaboración de un nuevo PGOU, y que jamás concedió una licencia contraria al plan de 1986, «y se fio de sus técnicos». Cuando fue detenida, el 29 de marzo de 2006, se le preguntó por el concurso de la grúa, varios vehículos regalados y la concesión del transporte público a Portillo, escasos motivos para enviarla a prisión. En cuanto a las cantidades recibidas por Roca, sólo hay una prueba: la confesión de éste. Nada más.

En relación a García Marcos, su defensa recalcó que algunos de los sobres de dinero hallados en su domicilio estaban serigrafiados con el membrete del SAS, y eran antiguos, por lo que «no podían haber sido entregados» por el exasesor.

El abogado solicitó también la absolución de su defendida, a la que le piden 12 años, y se refirió a las contradicciones del exasesor de Urbanismo, que reconoció haber dado dinero a los portavoces del gobierno marbellí, llamando la atención sobre «las lindezas» que éste le dedicó a la entonces teniente de alcalde. Atacó los informes periciales que tasaron el perjuicio sufrido por el Consistorio marbellí, que no existió, en su opinión, y defendió que la política urbanística dio con ella y con Yagüe al frente «un giro de 180 grados».