Cuando sólo quedan cuatro días para que comience septiembre la situación no ha cambiado mucho para las 281 escuelas infantiles y centros de Educación Infantil de la provincia de Málaga, que piden a la Consejería de Educación de la Junta que se ponga al día en los pagos. De éstas, 206 son centros conveniados con la Junta de Andalucía, lo que quiere decir que cada niño, en función del nivel de renta familiar, recibe una bonificación para abonar los 278 euros que cuesta su estancia en el centro.

Según datos de la Delegación Provincial de Educación al inicio del pasado curso escolar, el 92 por ciento de las familias tenía algún tipo de bonificación, el 8% restante lo pagaba de su bolsillo y el 32% se vio exenta de pagar, dado que la subvención cubre el cien por cien de los gastos. Estos datos dejan a los centros en una situación delicada, en cuanto a ingresos se refiere, porque es la Junta la que debe abonar las ayudas.

A principios del presente mes se les pagó la cuantía correspondiente a mayo, pero se les debe junio, julio y agosto (que está a punto de terminar) y están a la espera de que la Consejería de Educación les pague la deuda en la primera semana de septiembre, cuando el curso escolar ya está en marcha.

Para acercar posturas y tomar una decisión, ayer se reunieron los directores hasta 21 centros de toda la provincia de Málaga en la escuela infantil Vivaldi de Ciudad Jardín y las conclusiones son claras. Necesitan la ayuda de los padres para hacer ver a la Junta de Andalucía que la situación es insostenible y temen que el próximo curso, que arrancará el lunes 3 de septiembre, sea una repetición del pasado y se vuelvan a acumular deudas.

Las guarderías argumentan que sin el dinero es inviable mantener las instalaciones y dar los servicios, por lo que necesitan que se les abonen las deudas pendientes. Incluso hay casos como el de La Casita de Pepa, a la que le adeudan el mes de mayo por «una incidencia en la liquidación», como indica una de sus socias. El problema radica en que, cuando se arregló la incidencia, ya había pasado la fecha de abono para mayo y, en total, la Junta les debe 27.000 euros porque «tenemos 53 niños y todos están subvencionados». Para seguir abriendo tienen que aportar su propio dinero y denuncian que la situación se está volviendo insostenible. Añaden que no sólo ponen dinero de sus bolsillos, también baja la calidad asistencial porque no pueden renovar el material y eso repercute en la calidad del servicio.

Además, piensan que, tal y como se les ha prometido, la Junta afrontará los pagos del mes de junio entre esta semana y la próxima, pero temen que el curso 2012/2013 vuelva a presentarse con retrasos. Una situación difícilmente asumible para unos centros que ya están sufriendo para salir adelante.

Para que esto no suceda, han decidido comenzar una campaña de concienciación para los progenitores, que efectuarán conforme vayan teniendo las distintas reuniones del comienzo del curso. «Tienen que ser los usuarios los que protesten» afirma la directora de Don Caracol (Rincón de la Victoria), Marta Montiel, que piensa que la Junta hará más casos a los padres que a los propios centros. También añaden que la ayuda se da a los padres y no a los centros, razón de más para que unan sus fuerzas para que la situación no se vuelva a repetir.

Finalmente, acordaron movilizarse para avisar a los demás centros de la provincia, al mismo tiempo que hablarán con los padres y madres para pedir su colaboración y el próximo 27 de septiembre volverán a reunirse para decidir qué tipo de actuación realizarán como medida de presión para que no vuelvan a producirse retrasos en el pago de las subvenciones.