Cada juez dice una cosa, según su criterio y su conciencia, pero el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pretende que todos digan los mismo. Al menos quiere que sus fiscales lo hagan. Así, anunció ayer que ultima una circular para unificar criterios ante aspectos relacionados con los casos de bebés robados, sobre todo en relación con la calificación del delito cometido -¿usurpación de identidad, detención ilegal, asociación ilícita, etcétera...?- y la prescripción de los ilícitos.
La Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa), que aglutina a 200 afectados, siempre se ha quejado de la catarata de archivos judiciales acerca de los casos de bebés robados, y de la disparidad de criterio de los jueces, que suelen alegar que no hay autor conocido del delito, que ha fallecido o que éste ha prescrito.
En su desesperación, incluso trataron de adherirse a la querella que instruye una juez argentina por los crímenes cometidos durante el franquismo, al entender que la trama organizada que sustrajo a miles de bebé estaba formada por funcionarios de la dictadura.
La Fiscalía General del Estado, informó ayer Europa Press, ha detectado la falta de uniformidad en las actuaciones que se están adoptando en las distintas fiscalías provinciales, por lo que quiere fijar una única postura, como han reclamado los afectados, que en su intento por evitar la prescripción hablan de crímenes contra la humanidad.
Torres-Dulce pretende que la circular aborde cuestiones sobre la aplicación o no del delito de asociación ilícita o de detención ilegal, así como la prescripción de estos ilícitos penales.
Los afectados mantienen su esperanza en la no prescripción de sus casos después de que un juzgado de la Audiencia de Madrid declarase que la detención ilegal se mantiene en el tiempo hasta que se libera al retenido.
En la confección de esa circular se inscribe la reunión que tuvo ayer en la Fiscalía Provincial de Málaga, con el objetivo de fijar un mismo criterio en torno a las prescripciones de los delitos.
