Tribunales

Muñoz culpa a Jesús Gil de negociar una licencia ilegal

El exalcalde de Marbella se ha exculpado de la acusación por la concesión de una licencia para construir 126 viviendas

 14:31  

EFE El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha asegurado hoy al tribunal que lo juzga por un delito de malversación de caudales públicos que fue el fallecido Jesús Gil quien negoció la licencia de obra que le ha llevado hoy a sentarse en el banquillo de los acusados.

De este modo, Julián Muñoz ha querido exculparse de la acusación que pesa contra él por la concesión en 1998 de una licencia para la construcción de 126 viviendas y en la que un particular, que ejerce de acusación particular, afirma haber sido perjudicado.

"Para mi desgracia yo lo firmaba todo -ha destacado el exregidor- desde que Gil y el teniente alcalde de Marbella, Pedro Román, dejaron de hacerlo".

Muñoz ha subrayado que él nunca negoció nada, que fue un tema que siempre llevó personalmente Jesús Gil y que él sólo firmó la permuta sin leerla.

Se ha excusado de no recordar bien el tema debido a que han pasado unos quince años pero ha sido rotundo en afirmar que él como teniente de alcalde sólo iba al ayuntamiento cuando lo llamaban para firmar algo, ya que tenía otras competencias.

El juicio se ha celebrado hoy en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga y en el banquillo de los acusados estaban sentados además cinco exediles del GIL, todos ellos acusados de prevaricación urbanística.

Todos los procesados, incluso Julián Muñoz, se han conformado con la acusación esgrimida por la Fiscalía respecto al delito de prevaricación urbanística, que reclamaba un año de cárcel por dicho delito.

Debido a ello, los exconcejales del GIL han podido retirarse de la sala a la espera de la sentencia que dicte el Tribunal, aunque Julián Muñoz ha continuado en el banquillo de los acusados por su acusación de malversación.

El fiscal mantienen que Muñoz y los exediles aprobaron en una comisión de gobierno de agosto de 1998 otorgar licencia al proyecto básico a la sociedad Moansa y, posteriormente, en enero de 1999, dieron luz verde al permiso de obra al proyecto de ejecución de la edificación.

Estas autorizaciones se hicieron sobre su adecuación al documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "contraviniendo a sabiendas" el ordenamiento aplicable, según el fiscal.

Pero, además, estas obras afectaron a un vial público, para lo que se inició expediente de desafectación y posteriormente se permutó mediante un convenio con la empresa.


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